Primer bebé fruto de la donación de ovocitos entre sus madres progenitoras
Mónica y Verónica, una pareja de valencianas, ha visto cumplido su sueño de ser madres tras llegar al mundo el pasado sábado Lluna, un bebé que se ha convertido en la primera niña nacida tras un proceso de donación de ovocitos entre sus progenitoras, en el que una aportó su óvulo, que fue fecundado con semen de donante, y la otra lo recibió en su útero. Seguir leyendo el arículo
De esta forma, Mónica y Verónica se han convertido en la primera pareja homosexual que logra dar a luz a un bebé con estas características, una niña que tiene legal y biológicamente dos madres. En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, la directora científica de la unidad de reproducción de la clínica Quiron de Valencia y ginecóloga de la pareja, Elena Pau, explicó la demanda de este tratamiento surgió de "la necesidad de esta pareja de acogerse a una donación de ovocitos".
En este sentido, la doctora señaló que la pareja ya había pasado previamente por un proceso de inseminaciones, además de haberse sometido a tratamientos de fecundación in vitro y, como no obtuvo buenos resultados "en ninguno de los intentos", el médico fue quien estableció que había necesidad de realizar una donación de ovocitos, en este caso, de la otra mujer de la pareja.
Previamente al tratamiento, la pareja planteó su caso a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida porque, según explicó la doctora, "hay un vacío legal al respecto". Pau afirmó que esta entidad dio luz verde a la petición "en un intento de equiparar los derechos de las parejas heterosexuales con los de las homosexuales".
Posteriormente, "se llevó a cabo el tratamiento, y a la primera hubo éxito", señaló. "El proceso es como cualquier otra donación, se trata de un tratamiento que se prepara con tiempo y en el que hay un individuo de la pareja que es la receptora y a la que se le somete a una preparación endometrial", dijo.
Así, una vez que reúne determinados requisitos y ya está preparada, en paralelo, se prepara a una donante, en este caso su propia mujer, para extraerle los ovocitos, que se fecundan con semen de donante, y que posteriormente se transfieren a la madre receptora. A los 14 días se le practica la prueba de embarazo y se comprueban los resultados que "afortunadamente fueron todo un éxito".
Ante esta situación, se congratuló de que en el proceso "a la primera tuvimos éxito" y concluyó "felizmente" con el alumbramiento de la pequeña, en el que "ha ido todo bien".
OTRAS PAREJAS
La doctora Pau afirmó que tienen ya otras parejas "que de entrada quieren tener la maternidad compartida y quieren donar una ovocitos a la otra". De hecho, confirmó el caso de otra pareja en el que una de las dos componentes está embarazada de tres semanas.
Para Elena Pau, ha sido "una satisfacción tremenda" dado que "cualquier logro de conseguir un embarazo siempre te da energías positivas". No obstante, consideró que lo está "especialmente en este caso porque es una situación muy especial".
De esta forma, Mónica y Verónica se han convertido en la primera pareja homosexual que logra dar a luz a un bebé con estas características, una niña que tiene legal y biológicamente dos madres. En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, la directora científica de la unidad de reproducción de la clínica Quiron de Valencia y ginecóloga de la pareja, Elena Pau, explicó la demanda de este tratamiento surgió de "la necesidad de esta pareja de acogerse a una donación de ovocitos".
En este sentido, la doctora señaló que la pareja ya había pasado previamente por un proceso de inseminaciones, además de haberse sometido a tratamientos de fecundación in vitro y, como no obtuvo buenos resultados "en ninguno de los intentos", el médico fue quien estableció que había necesidad de realizar una donación de ovocitos, en este caso, de la otra mujer de la pareja.
Previamente al tratamiento, la pareja planteó su caso a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida porque, según explicó la doctora, "hay un vacío legal al respecto". Pau afirmó que esta entidad dio luz verde a la petición "en un intento de equiparar los derechos de las parejas heterosexuales con los de las homosexuales".
Posteriormente, "se llevó a cabo el tratamiento, y a la primera hubo éxito", señaló. "El proceso es como cualquier otra donación, se trata de un tratamiento que se prepara con tiempo y en el que hay un individuo de la pareja que es la receptora y a la que se le somete a una preparación endometrial", dijo.
Así, una vez que reúne determinados requisitos y ya está preparada, en paralelo, se prepara a una donante, en este caso su propia mujer, para extraerle los ovocitos, que se fecundan con semen de donante, y que posteriormente se transfieren a la madre receptora. A los 14 días se le practica la prueba de embarazo y se comprueban los resultados que "afortunadamente fueron todo un éxito".
Ante esta situación, se congratuló de que en el proceso "a la primera tuvimos éxito" y concluyó "felizmente" con el alumbramiento de la pequeña, en el que "ha ido todo bien".
OTRAS PAREJAS
La doctora Pau afirmó que tienen ya otras parejas "que de entrada quieren tener la maternidad compartida y quieren donar una ovocitos a la otra". De hecho, confirmó el caso de otra pareja en el que una de las dos componentes está embarazada de tres semanas.
Para Elena Pau, ha sido "una satisfacción tremenda" dado que "cualquier logro de conseguir un embarazo siempre te da energías positivas". No obstante, consideró que lo está "especialmente en este caso porque es una situación muy especial".
Keniano reitera su oferta: 40 cabras y 20 vacas por Chelsea Clinton
Keniano reitera su oferta: 40 cabras y 20 vacas por Chelsea Clinton
Ayer, 21.33
Imprimir Washington, 10 ago (EFE).- Godwin Kipkemoi Chepkurgor es un keniano persistente de los que piensa que todo es posible y, por ello, ha reiterado a la secretaria de Estado Hillary Clinton su oferta a cambio de la mano de su hija, Chelsea: 40 cabras y 20 vacas. Seguir leyendo el arículo
Según informó hoy la cadena de televisión CNN, esta no es la primera vez que Chepkurgor hace la oferta. El pretendiente, que ahora tiene 39 años, ya presentó sus respetos y su oferta a los Clinton allá por el año 2000, cuando toda la familia visitó África.
La oferta quedó en el aire, pero el caballero, paciente, volvió a realizársela a Hillary Clinton durante el viaje que la jefa de la diplomacia estadounidense realiza ahora a África.
La oferta fue objeto de más de un comentario hasta el punto de que un periodista de CNN, en el curso de una reunión con público local, dijo en broma a la secretaria de Estado que, dada la actual crisis económica, la dote ofrecida por el keniano "no era una mala oferta".
En el mismo tono, Hillary respondió que Chelsea "es muy independiente". "Yo le comunicaré esta oferta tan amable, pero ella toma sus propias decisiones", agregó.
Chepkurgor, sin embargo, dijo a CNN que para él esto no es una broma y que Chelsea "es una mujer hermosa, disciplinada y de muy buena disposición".
"Por supuesto yo nunca la he conocido personalmente, pero me gusta su familia y cómo se mantienen unidos", añadió. "He esperado mucho tiempo y sigo esperando conocerla para expresarle mi amor".
El pretendiente, en los casi nueve años transcurridos, no ha perdido el tiempo y se casó en 2006 con Grace, una compañera de estudios. Pero no importa, dice, porque en Kenia, la poligamia es legal y Chelsea bien podría ser su "segunda esposa".
El osado keniano, que tiene una pequeña tienda de electrónica y computadoras en Nakuru, una ciudad al noroeste de Nairobi, dijo que su esposa "no tiene problema con esto".
Nueva web para prevenir la violencia de género
Vida Sin Violencia’ es la nueva web de apoyo a las mujeres víctimas de malos tratos, y en ella se unifican todos los recursos legales y sociales existentes en la materia (ver). La pagina web ‘Vida Sin Violencia’ se lanzó a la red el pasado 15 de junio. Detrás de ella consta la participación de numerosos profesionales en el terreno del Derecho, Psicología, Filosofía y Ciencias Sociales. Profesores de la UNED y Delegados de Gobierno, así como distintos cargos dentro de los cuerpos de seguridad del Estado -desde subinspectores de Policía hasta Guardias Civiles- han colaborado en las tareas de asesoramiento y documentación, incluso en el diseño de la página. Entre los agradecimientos especiales las autoras también hacen mención a la actriz, Pilar Bardem, «por su apoyo incondicional desde el principio».
Está circunscrita, sobre todo, al territorio de la Comunidad de Madrid en cuanto a información asistencial, pero el resto de contenidos es de carácter nacional. Tal y como expuso Beatriz Morales, una de las administradoras y vecina del municipio de Pozuelo de Alarcón: «Intentamos centrarnos en mujeres extranjeras, mujeres y discapacidad, y jóvenes como colectivos más vulnerables».
Ya en la portada, los enlaces te permiten acceder de forma inmediata, por si se tratase de una urgencia, a contenidos como «qué hacer si acabas de sufrir una agresión», y un documento con los derechos de la mujer víctima de violencia de género
11/08/2009 07:55 nomasviolenciacontralasmujeres #. NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES No hay comentarios. Comentar.
R.D. CONGO: La guerra parece ser contra los civiles
R.D. CONGO: La guerra parece ser contra los civiles
Kristin Palitza entrevista a la activista de Oxfam, AIMEE ANSARI
KINSHASA, ago (IPS) - La ofensiva lanzada por el ejército contra los rebeldes del este de República Democrática del Congo (RDC) aumentó en forma exponencial la violencia sexual en las provincias de Kivu Norte y Sur.
Un estudio realizado por la organización humanitaria Oxfam, para el que fueron entrevistadas 569 personas de 20 comunidades afectadas por el conflicto, concluyó que las poblaciones del este viven atemorizadas por las acciones violentas de las fuerzas del gobierno y rebeldes.
La población civil soporta violaciones, torturas y trabajos forzados desde que los ejércitos congoleño y ruandés lanzaron a fines de enero una operación contra las rebeldes Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), que operan en el este de RDC desde que terminó el genocidio de 1994 en el vecino país.
La coordinadora de Oxfam Gran Bretaña en RDC, Aimee Ansari, relató a IPS la difícil situación que padecen las poblaciones de las zonas afectadas por los combates.
IPS: ¿Cuál es la situación humanitaria en el este del país?
AIMEE ANSARI: Las operaciones militares han tenido efectos devastadores en los civiles. La mayoría de las personas entrevistadas por Oxfam dijeron sentirse menos seguras ahora que hace un año.
Hay una violencia sistemática contra las mujeres, incluso con violaciones. Los saqueos son habituales y se reclutan niños y niñas para los combates. En algunas comunidades estudiadas por Oxfam se cometieron torturas.
En otras, combatientes del gobierno o rebeldes han perpetrado actos de violencia sexual horrendos contra hombres y mujeres y han violado menores hasta de cuatro años.
IPS: ¿Qué se necesita para asegurar una asistencia adecuada?
AA: Primero, hay que asumir la protección de la población civil. El gobierno congoleño debe incluir en su planificación los riesgos a los que se ven sometidas las comunidades afectadas.
En un conflicto, las fuerzas combatientes deben respetar y proteger a los civiles y no usarlos como herramientas en el mismo. Los gobiernos de la región y sus aliados tienen que atender las causas estructurales del problema.
Hay que considerar opciones fuera del ámbito militar. Las autoridades regionales e internacionales deben dotarse de recursos, desplegar y ampliar instrumentos no bélicos, como fomentar el desarme voluntario y facilitar la reinserción social de quienes se plieguen a la iniciativa.
IPS: ¿Cuál debe ser la respuesta de la comunidad internacional al conflicto en RDC?
AA: El consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene que fijar condiciones para respaldar las operaciones conjuntas que realiza con el ejército congoleño y atenerse a ellas.
Se debe prever que los violadores de derechos humanos no participen en acciones militares y garantizar un control riguroso y que se apliquen sanciones adecuadas contra los que atenten contra el derecho humanitario internacional.
La ONU y otros actores de la comunidad internacional deben instar a los gobiernos de la región y al propio Consejo de Seguridad a revisar su estrategia actual, centrada principalmente en acciones militares contra las FDLR, y a adoptar un enfoque integral que permita proteger a los civiles, detener a presuntos responsables de genocidio y reformar el programa de desmovilización y desarme voluntario.
También es importante crear un buen sistema de justicia para asegurar que se restaure la confianza en el Estado.
IPS: ¿En la actualidad, los violadores de derechos humanos son procesados?
AA: El gobierno de RDC acaba de anunciar una política de tolerancia cero. Es muy bueno, pero todavía es muy nueva. Oxfam no dispone de ninguna información sobre su eficacia ni sobre la del sistema de justicia castrense.
Tenemos entendido que hubo algunos juicios. Las fuerzas de paz de la ONU están trabajando muy bien en algunas zonas para capacitar a los efectivos del ejército congoleño en cuestiones de conducta y disciplina.
IPS: Hay muchas personas desplazadas que viven con un miedo permanente. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre la pobreza y el hambre?
AA: Oxfam funciona muy bien y procura que las personas afectadas dispongan de alimentos y puedan cubrir otras necesidades básicas. Pero igual hay dificultades. Las zonas de combate no son seguras para las agencias humanitarias, lo que ocurre en muchas localidades de la provincia de Kivu Norte.
Si no podemos atenderlos, básicamente carecen de servicios. Las personas que viven en campamentos o están en casas de familia seguramente tengan una mejor situación que las que huyeron de la violencia y de los saqueos.
IPS: ¿Tienen agua potable y saneamiento?
AA: En los campamentos y en las casas de familia sí. Pero las personas que huyeron están en el monte. Oxfam ha desarrollado estrategias para que puedan tener agua potable, sin arriesgar su vida ni la nuestra. Pero es muy difícil.
También procura enviar camiones cisterna a zonas donde tenemos información de que hay personas escondidas. Por cuestiones de seguridad, el vehículo no puede estar todos los días en el mismo lugar y hay que moverlo.
Agua potable, buenas condiciones de saneamiento y buen estado de salud son claves para sobrevivir en zonas de conflicto, pero también para que puedan hacerlo con dignidad. La alta movilidad de las poblaciones de la zona, nos impide tener datos certeros sobre su estado de salud.
IPS: ¿Hay alguna posibilidad de que RDC logre cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio para 2015?
AA: De la situación descrita se deduce que las posibilidades del país de cumplir con las metas propuestas por la comunidad internacional están seriamente comprometidas.(FIN/2009)
Kristin Palitza entrevista a la activista de Oxfam, AIMEE ANSARI
KINSHASA, ago (IPS) - La ofensiva lanzada por el ejército contra los rebeldes del este de República Democrática del Congo (RDC) aumentó en forma exponencial la violencia sexual en las provincias de Kivu Norte y Sur.
Un estudio realizado por la organización humanitaria Oxfam, para el que fueron entrevistadas 569 personas de 20 comunidades afectadas por el conflicto, concluyó que las poblaciones del este viven atemorizadas por las acciones violentas de las fuerzas del gobierno y rebeldes.
La población civil soporta violaciones, torturas y trabajos forzados desde que los ejércitos congoleño y ruandés lanzaron a fines de enero una operación contra las rebeldes Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), que operan en el este de RDC desde que terminó el genocidio de 1994 en el vecino país.
La coordinadora de Oxfam Gran Bretaña en RDC, Aimee Ansari, relató a IPS la difícil situación que padecen las poblaciones de las zonas afectadas por los combates.
IPS: ¿Cuál es la situación humanitaria en el este del país?
AIMEE ANSARI: Las operaciones militares han tenido efectos devastadores en los civiles. La mayoría de las personas entrevistadas por Oxfam dijeron sentirse menos seguras ahora que hace un año.
Hay una violencia sistemática contra las mujeres, incluso con violaciones. Los saqueos son habituales y se reclutan niños y niñas para los combates. En algunas comunidades estudiadas por Oxfam se cometieron torturas.
En otras, combatientes del gobierno o rebeldes han perpetrado actos de violencia sexual horrendos contra hombres y mujeres y han violado menores hasta de cuatro años.
IPS: ¿Qué se necesita para asegurar una asistencia adecuada?
AA: Primero, hay que asumir la protección de la población civil. El gobierno congoleño debe incluir en su planificación los riesgos a los que se ven sometidas las comunidades afectadas.
En un conflicto, las fuerzas combatientes deben respetar y proteger a los civiles y no usarlos como herramientas en el mismo. Los gobiernos de la región y sus aliados tienen que atender las causas estructurales del problema.
Hay que considerar opciones fuera del ámbito militar. Las autoridades regionales e internacionales deben dotarse de recursos, desplegar y ampliar instrumentos no bélicos, como fomentar el desarme voluntario y facilitar la reinserción social de quienes se plieguen a la iniciativa.
IPS: ¿Cuál debe ser la respuesta de la comunidad internacional al conflicto en RDC?
AA: El consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene que fijar condiciones para respaldar las operaciones conjuntas que realiza con el ejército congoleño y atenerse a ellas.
Se debe prever que los violadores de derechos humanos no participen en acciones militares y garantizar un control riguroso y que se apliquen sanciones adecuadas contra los que atenten contra el derecho humanitario internacional.
La ONU y otros actores de la comunidad internacional deben instar a los gobiernos de la región y al propio Consejo de Seguridad a revisar su estrategia actual, centrada principalmente en acciones militares contra las FDLR, y a adoptar un enfoque integral que permita proteger a los civiles, detener a presuntos responsables de genocidio y reformar el programa de desmovilización y desarme voluntario.
También es importante crear un buen sistema de justicia para asegurar que se restaure la confianza en el Estado.
IPS: ¿En la actualidad, los violadores de derechos humanos son procesados?
AA: El gobierno de RDC acaba de anunciar una política de tolerancia cero. Es muy bueno, pero todavía es muy nueva. Oxfam no dispone de ninguna información sobre su eficacia ni sobre la del sistema de justicia castrense.
Tenemos entendido que hubo algunos juicios. Las fuerzas de paz de la ONU están trabajando muy bien en algunas zonas para capacitar a los efectivos del ejército congoleño en cuestiones de conducta y disciplina.
IPS: Hay muchas personas desplazadas que viven con un miedo permanente. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre la pobreza y el hambre?
AA: Oxfam funciona muy bien y procura que las personas afectadas dispongan de alimentos y puedan cubrir otras necesidades básicas. Pero igual hay dificultades. Las zonas de combate no son seguras para las agencias humanitarias, lo que ocurre en muchas localidades de la provincia de Kivu Norte.
Si no podemos atenderlos, básicamente carecen de servicios. Las personas que viven en campamentos o están en casas de familia seguramente tengan una mejor situación que las que huyeron de la violencia y de los saqueos.
IPS: ¿Tienen agua potable y saneamiento?
AA: En los campamentos y en las casas de familia sí. Pero las personas que huyeron están en el monte. Oxfam ha desarrollado estrategias para que puedan tener agua potable, sin arriesgar su vida ni la nuestra. Pero es muy difícil.
También procura enviar camiones cisterna a zonas donde tenemos información de que hay personas escondidas. Por cuestiones de seguridad, el vehículo no puede estar todos los días en el mismo lugar y hay que moverlo.
Agua potable, buenas condiciones de saneamiento y buen estado de salud son claves para sobrevivir en zonas de conflicto, pero también para que puedan hacerlo con dignidad. La alta movilidad de las poblaciones de la zona, nos impide tener datos certeros sobre su estado de salud.
IPS: ¿Hay alguna posibilidad de que RDC logre cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio para 2015?
AA: De la situación descrita se deduce que las posibilidades del país de cumplir con las metas propuestas por la comunidad internacional están seriamente comprometidas.(FIN/2009)
11/08/2009 07:48 nomasviolenciacontralasmujeres #. NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES No hay comentarios. Comentar.
SALUD-ÁFRICA: Planificación familiar precisa a privados
Por Joyce Mulama
NAIROBI, ago (IPS) - La reducción de los presupuestos gubernamentales y la merma del apoyo de donantes puede empeorar en África la ya generalizada escasez de métodos anticonceptivos. Expertos en salud reproductiva sugieren que el sector privado puede ser la clave para superar el problema.
Investigaciones de la Comunidad de Salud de África Oriental, Central y Austral confirman que los gobiernos dependen mucho de los fondos aportados por donantes para llevar adelante políticas de planificación familiar.
"Los programas de donantes de contraceptivos pueden no ser sostenibles cuando pasan a centrarse en otras necesidades que surgen en el sector público, o se atrasan en la reposición de suministros de anticonceptivos, lo que agota las reservas", dijo George Gahungu, director del Programa Nacional de Salud Reproductiva en el Ministerio de Salud de Burundi.
Precisamente, un agotamiento de las existencias de anticonceptivos tuvo lugar en el país hace dos años, cuando uno de los donantes clave no repuso varios métodos de planificación familiar en simultáneo.
"Es malo cuando una mujer llega a una clínica y se va sin su método preferido. Esto plantea riesgos de embarazos no deseados y abortos inseguros", observó Gahungu.
La prevalencia de anticonceptivos (proporción de mujeres en edad reproductiva o sus parejas que los usan) en Burundi es una de las más bajas del mundo, ubicándose en 12 por ciento, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
En una reunión de expertos en salud reproductiva de África Oriental, Central y Austral, realizada a fines de julio, se subrayó que los gobiernos tienen que crear entornos que permitan fomentar la participación del sector privado en la planificación familiar.
Según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), muchos países de estas regiones tienen contextos legales y políticos restrictivos, que han dificultado la expansión de los servicios de salud reproductiva del sector privado.
ANTICONCEPCIÓN NO ES MINA DE ORO
También se planteó que el sector privado no considera que la planificación familiar sea una actividad lucrativa. En la mayor parte de África, ésta es provista o bien gratuitamente o bien a un costo subsidiado en los centros de salud pública.
"El sector privado es reticente a brindar servicios de planificación familiar a gran escala porque no constituyen una emergencia, y la mayoría de la gente no puede pagar lo que cobran las instituciones privadas", dijo a IPS Wasunna Owino, de la Iniciativa en Políticas de Salud de Usaid.
Solomon Orero, médico dedicado a la salud reproductiva en el sector privado, señaló que, "aparte del precio de las consultas, yo tengo que recuperar los costos de comprar elementos básicos".
"Los métodos de planificación familiar a largo plazo requieren mucho trabajo, lo que incluye esterilizar el ambiente y contar con equipamiento quirúrgico. Tengo que cobrar por todo esto, incluido mi tiempo", dijo.
"Por ejemplo, la mayoría de los médicos del sector privado que suministran Norplant (marca comercial de una variante de implante hormonal subdérmico) no cobrarán menos de 3.000 chelines keniatas (unos 40 dólares). Por dispositivos intrauterinos (DIU) cobramos entre 1.000 y 2.000 chelines keniatas (entre 13 y 26 dólares)", explicó.
"Muy pocas personas pueden pagar estos servicios, y por lo tanto muchos médicos del sector privado optan por concentrarse en otros servicios de salud --como los curativos-- más que en la planificación familiar", agregó.
FRANQUICIA SOCIAL
En las áreas rurales residen cerca de 80 por ciento de las poblaciones de la región. Un rol más redituable para el sector privado que brinda servicios allí plantea un desafío aún mayor, dada la elevada pobreza.
Tales escenarios exigen una asociación entre públicos y privados, señalaron los participantes en la reunión de África Oriental, Central y Austral.
El modelo de franquicia social Marie Stopes - Kenia (MS-K) fue citado como ejemplo de que se puede llevar con éxito servicios de planificación familiar a áreas de difícil alcance.
El modelo, que comenzó a aplicarse en el país en 2004, extiende los servicios de salud sexual y reproductiva mediante proveedores del sector privado ya existente.
La organización identificó a estos proveedores en comunidades donde la prevalencia de los anticonceptivos era baja, y los capacitó en materia de métodos altamente efectivos de planificación familiar a largo plazo.
Luego los certificó como miembros de una red llamada Amua, que fue controlada regularmente para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.
A los proveedores que no poseían el equipamiento básico necesario para brindar los servicios se les suministró a un precio subsidiado.
También se los comprometió a ofrecer servicios por tarifas razonables, acordadas con la comunidad.
Luego los proveedores de servicios fueron vinculados con distribuidores de anticonceptivos basados en la comunidad, con el fin de crear la demanda dentro de la misma.
"Los proveedores están experimentando un aumento en la cantidad de clientes, porque usamos a los medios de comunicación para hacer que los clientes se dirijan a donde se ofrecen los servicios", explicó Walter Odhiambo, vicedirector para el país de MS-K.
También se capacita a los proveedores para que brinden otros servicios, además de la planificación familiar, agregó.
"Los proveedores están logrando obtener ganancias porque a partir de un cliente pueden cobrar por diferentes servicios. La relación con el gobierno ha aumentado, porque algunas de las personas dedicadas a enseñar habilidades son del sector público, dado que ésta es una asociación público-privada", señaló Odhiambo.
OFERTA NO RESPONDE A DEMANDA
"Estamos creando una demanda (de métodos de planificación familiar) pero no estamos listos para brindar la oferta", sostuvo Martha Rimoy, jefa de enfermería en Tanzania.
"Necesitamos asegurarnos constantemente de que la oferta sea coherente con la demanda en todos los niveles", observó, citando la escasez de contraceptivos que afectó a su país en los últimos seis meses.
En otras partes, la demanda de anticonceptivos fue eliminada por organizaciones religiosas que luchan contra la promoción de los métodos modernos de planificación familiar.
En Burundi, por ejemplo, hay áreas donde las iglesias participan en campañas contra la planificación familiar, dijo Gahungu.
"Tenemos casos donde las mujeres vuelven para sacarse los DIU y los Norplants, diciendo que los sacerdotes están en contra de esos métodos", relató.
Esto pone en peligro la guerra contra la mortalidad materna, que actualmente se sitúa en 1.000 muertes por cada 100.000 nacimientos exitosos, según el Unfpa. (FIN/2009)
DDHH-ÁFRICA: Diversidad sexual bien guardada en el armario
Por Christi van der Westhuizen
COPENHAGUE, ago (IPS) - En la mayoría de los países africanos la homosexualidad es un delito que se castiga con prisión e incluso con cadena perpetua, y en algunos se aplica hasta la pena de muerte para las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo.
En una conferencia internacional de derechos humanos celebrada en Copenhague, la activista ugandesa Victor Juliet Mukasa pidió a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) que protestaran ante las embajadas de Uganda en sus países contra un proyecto de ley para ampliar la penalización de la homosexualidad en esa nación africana. La iniciativa está por ser enviada al parlamento.
El coloquio formó parte de las actividades organizadas en distintas ciudades del mundo con motivo de la celebración de los World Outgames, el encuentro deportivo, cultural y de derechos humanos de LGBT, realizado en la capital danesa del 25 de julio al 2 de este mes.
La celebración fue una verdadera fiesta de la diversidad deportiva, política, artística y de género. Pero también permitió recordar a los participantes que la intolerancia hacia la comunidad homosexual puede tornarse violenta.
La celebración que reunió a 6.500 LGBT y a unos 2.000 espectadores de diversos países contó con un alto compromiso político del gobierno danés.
La bandera del arco iris, símbolo de la comunidad LGBT, adornó la municipalidad y otros edificios de la plaza principal de Copenhague.
La alcaldesa Ritt Bjerregaard habló en las ceremonias de apertura y de clausura, y el primer ministro Lars Løkke Rasmussen calificó el encuentro de "una importante demostración de tolerancia".
El acontecimiento fue ensombrecido por dos atentados contra los participantes. Los responsables fueron detenidos por la policía, que había prometido "tolerancia cero" contra las manifestaciones de odio. No hubo heridos de gravedad.
El día de la clausura, dos jóvenes fueron asesinados y 11 heridos en un atentado perpetrado contra un centro de la comunidad LGBT en Tel Aviv. No está claro si tuvo algún vínculo con las expresiones artísticas celebradas en esa ciudad israelí en el marco de los World Outgames.
HOMOFOBIA COBRA FUERZA LEGAL
De aprobarse el proyecto que penaliza la homosexualidad en Uganda, quedará prohibida la realización de conferencias públicas y la distribución de información vinculada con la comunidad LGBT. La ley existente condena a los varones homosexuales a cadena perpetua y la nueva ampliará la prohibición a las mujeres.
Es consecuencia del fundamentalismo religioso, sostuvo Mukasa. "Las autoridades eclesiásticas dicen a los padres que los homosexuales quieren sodomizar a sus hijos y que pretenden destruir la familia heterosexual".
Las relaciones entre personas del mismo sexo existían antes del colonialismo, recordó. "Los británicos impusieron leyes draconianas que criminalizaron la homosexualidad. La gente se olvidó. Ahora la homofobia forma parte de la cultura africana".
La discriminación se perpetúa porque los políticos se unen a los líderes religiosos para imponer sus ideas, explicó, y usan la homosexualidad para distraer a la gente de asuntos delicados como el desempleo y el prolongado conflicto en el norte de Uganda, añadió.
Mukasa era dirigente de la organización Minorías Sexuales de Uganda. Se vio obligada a vivir de forma clandestina tras ser perseguida por las autoridades hasta que pudo emigrar. Ahora trabaja para la no gubernamental Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, con sede en Nueva York.
La policía allanó su casa de Kampala en 2005 y hostigó y agredió sexualmente a Yvonne Oyoo, otra activista que se encontraba allí.
Mukasa y Oyoo demandaron al Estado. El Alto Tribunal ugandés dictaminó en 2008 que se habían violado sus derechos, consagrados por la Constitución a toda persona sin importar su orientación sexual.
NIGERIA DA UN PASO ATRÁS
Un proyecto de ley para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo resurge en Nigeria tras haber sido rechazado en 2007 gracias a movilizaciones de la sociedad civil.
Al igual que en Uganda, la norma atentará contra la libertad de expresión y de asociación al impedir que los activistas defiendan los derechos de la comunidad LGBT.
El hecho llevó a la abogada y sindicalista Yemisi Ilesanmi a trabajar para forjar alianzas entre organizaciones de defensa de los derechos humanos de los homosexuales y transgénero, sobre lo cual versó la conferencia que dio en Copenhague en el marco de los World Outgames.
Las organizaciones sociales temen, además, que el proyecto sea el preludio para futuras iniciativas coercitivas en materia de derechos civiles. Ilesanmi participa en una campaña contra el proyecto, respaldada por muchas entidades no gubernamentales.
El proyecto de ley fue redactado en 2007, cuando en Sudáfrica se aprobó el matrimonio para personas del mismo sexo.
"Los gobiernos africanos tienen miedo porque los homosexuales han logrado avances en materia legal en muchas partes del mundo. Creen que deben hacer algo antes de que ocurra lo mismo en sus propio países", dijo Ilesanmi a IPS.
Algunas de las personas que pretenden imponer relaciones de dominación son gays o lesbianas, según Ilesanmi. "Creen que es un pecado y un atentado a la moral. Les han dicho que están poseídos por el demonio. Se odian, pero no pueden hacer nada porque está en su naturaleza".
Esa homofobia internalizada pasa de generación en generación.
DIVERSIDAD SEXUAL EN ÁFRICA
Al igual que en Uganda, las prácticas homosexuales existían en Nigeria antes de la colonia, por ejemplo entre los miembros del pueblo calabar del sureste del país. Cuando una familia no tiene hijos varones, la hija mayor desposa a una mujer y asume el papel de marido.
Con tanta discriminación y sentimiento de culpa, no sorprende que la representación africana en los World Outgames haya sido muy pequeña.
Incluso la representación de Sudáfrica, uno de los pocos casos africanos en que la Constitución prohíbe discriminar a los homosexuales, fue poco numerosa. La mayoría fueron activistas que participaron en la conferencia de derechos humanos.
"No creo que (la homofobia en África) sea una cuestión cultural. La cultura es dinámica y cambia. Se trata más bien del deseo de algunas personas de imponer estereotipos de familia a otras para mantener el desequilibrio de género. No quieren que la gente piense de otra forma para poder controlar sus vidas", señaló Ilesanmi.
(FIN/2009)
TRABAJO-GUATEMALA: Domésticas rescatan derechos sociales
Por Danilo Valladares
GUATEMALA, ago (IPS) - "Lo que más me dolió fue que no me dieran mi derecho a descansar en mi período pre y post natal, incluso el día que comencé con los dolores de parto no me dejaron ir al hospital", recuerda la guatemalteca Mildred Díaz, al repasar sus peores momentos como empleada doméstica.
El caso de Díaz simboliza el de miles de mujeres en Guatemala, en su mayoría indígenas, que a diario sufren la discriminación y el maltrato a raíz de la falta de una legislación que proteja los derechos de miles de trabajadoras domésticas que, paradójicamente, contribuyen a que otras familias vivan en mejores condiciones.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, en este país hay cerca de 183.000 empleadas en casas de familias, 72 por ciento de las cuales reciben un salario promedio al equivalente de 75 dólares mensuales, cuando el mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas ronda los 170 dólares.
Hoy Díaz se ha convertido en la presidenta del Centro de Apoyo a las Trabajadoras de Casa Particular (Centracap) y celebra como su mayor logro la afiliación al seguro social. "Después de 12 años de lucha estamos dando este paso que nos alegra bastante, pero hace falta mucho por hacer", señaló.
La razón es que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) firmaron en julio un convenio que permitirá a estas trabajadoras acceder a algunos servicios prestados por ese instituto a partir del 12 de este mes.
Según el acuerdo de creación del Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular (Precapi), las beneficiarias podrán recibir los servicios de maternidad, atención médica para sus hijos en los primeros cinco años de vida y asistencia hospitalaria en caso de accidentes, todo lo cual les habían sido negados históricamente.
Si bien las trabajadoras aún no pueden acceder al programa de pensiones IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) ni al de enfermedad común que se refiere a la consulta médica de rutina, Díaz cree que han dado "un primer paso".
Pero no todo es alegría en esta celebración. Hortencia Gómez, coordinadora de la oficina de la mujer de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), dijo a IPS que "el convenio no llena las expectativas".
El hecho de que no se ofrezca el servicio de enfermedad común "es lamentable", según Gómez, debido a que "este es el servicio que con más frecuencia demandan las trabajadoras de casa quienes, como todo ser humano, tienen problemas del corazón, hipertensión, diabetes y otras enfermedades".
Otro tema que ha generado dudas es la conformación del aporte por empleada al seguro social para acceder al Precapi, el cual es de unos 12 dólares al mes divididos en 40 por ciento por el empleador, otro tanto por la Sosep y el 20 por ciento restante por las empleadas.
"Imagínese que si el Estado tiene una deuda histórica con el IGSS, de unos 1.800 millones de dólares, que no ha podido pagar. ¿Cómo hará para aportar a este nuevo programa?", dijo Gómez dado que la Sosep contribuirá con un 40 por ciento.
Para Marco Vinicio Hernández, defensor del trabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos, "esto (la conformación del aporte) rompe totalmente con el mecanismo proporcional del aporte salarial al seguro social que es propio del trabajador formal que paga 4.83 por ciento mensual".
Hernández dejó en claro que la creación del Precapi "es un avance", aunque "más parece una medida cortoplacista que no está fundamentada en un estudio actuarial". Entre otros puntos, señaló que las trabajadoras no fueron incluidas en el programa IVS y no se consideró su situación de manera integral.
El surgimiento del Precapi tampoco dio muestras de una coordinación interinstitucional para lograr un mejor programa. Y es que un grupo multisectorial había discutido en el primer semestre del año una iniciativa de ley para proteger a estas trabajadoras.
"Pero nunca nos informaron del Precapi y, en consecuencia, no se atendió el tema de manera integral con asuntos tan fundamentales como el trabajo infantil", relató Hernández.
La razón es simple. Guatemala es el país con más niñas dedicadas al trabajo doméstico en América Latina, al llegar a 14,4 por ciento del total de empleadas, seguido por Honduras con 10,3 por ciento, Nicaragua con 9,8 por ciento y El Salvador con 6,7 por ciento, según un informe publicado a comienzos de año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Unicef.
Tal y como lo había mencionado el defensor del trabajador, la diputada oficialista y presidenta de la Comisión de la Mujer en el parlamento, Delia Back, dijo a IPS que trabajaron múltiples reformas al Código de Trabajo para proteger a este sector de mujeres.
"Lo que hicimos fue revisar las iniciativas engavetadas sobre este asunto y trabajamos sobre varias reformas para proteger a sectores vulnerables en el aspecto laboral como las trabajadoras de casa particular, trabajadores del campo, maquilas, transporte y otros", explicó la parlamentaria.
Y es que es el colmo que el Código de Trabajo vigente, en vez de protegerlas, las perjudica totalmente. Así, por ejemplo en su artículo 164 se lee que "el trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo", lo cual justifica que muchas empleadas trabajen en jornadas de más de 12 horas.
De tal cuenta, en el nuevo paquete de modificaciones al citado código se plantean regulaciones de horarios para la jornada laboral, un salario mínimo, vacaciones y todos los beneficios que gozan los trabajadores legalmente reconocidos.
Back dijo que estas reformas serán incluidas para su trámite en el segundo período de sesiones del Poder Legislativo que comenzó el 1 de este mes.
Por ahora, funcionará el Precapi, cuya primera etapa tendrá un plazo de un año y funcionará sólo en el departamento de Guatemala –donde se concentra la mayoría de empleadas de casa particular-. Según las autoridades del IGSS, posteriormente se ampliará al resto del país.
En las principales cadenas de radioemisoras del país ya se escucha una campaña informativa para llamar a las empleadas a inscribirse en el Precapi, así como para concienciar a los patronos. Díaz no está del todo satisfecha con lo alcanzado, pero confía en que una reivindicación laboral integral del sindicato será posible en el futuro. (FIN/2009)
Oaxaca: analizan elevar a 20 años la edad para casarse
Ley vigente desde 1944 contempla 14 años para mujeres
Oaxaca: analizan elevar a 20 años la edad para casarse
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 10 agosto 09 (CIMAC).- La Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LX Legislatura del estado de Oaxaca tiene en su agenda de trabajo el análisis de una iniciativa de reforma al Código Civil local que busca elevar el mínimo de edad para contraer matrimonio a 20 años, pues la ley que rige actualmente, vigente desde 1944, señala los 14 años como edad mínima para que las mujeres se casen.
La iniciativa, que aplicaría tanto para las mujeres como para los hombres, fue enviada por el ciudadano Jesús López Ceja en el mes de julio, mediante la diputada Paola España López, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Dice la iniciativa que el cuidado de la salud física y mental de los menores de edad es una responsabilidad que comparten “los padres”, el Estado y la sociedad en general, por lo que respecto a la ley, ésta debe considerar la edad de 20 años cuando la y el contrayente tienen una visión más amplia de la vida en pareja y físicamente están en mejores condiciones para evitar embarazos riesgosos.
Dicho proyecto se suma al presentado en mayo por el titular de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (CEDH), Heriberto Antonio García, al presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados local, Herminio Cuevas Chávez (PRI), el cual propone que la edad mínima para casarse debiera ser de 18 años de edad.
En el tema, ambas propuestas coinciden en la necesidad de reformar el Código Civil en su Artículo 147 que señala que, para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce, norma que está vigente sin modificaciones desde 1944 y que, según las observaciones, ha sido rebasada por los tiempos modernos.
La iniciativa del ciudadano López Ceja indica la conveniencia de realizar un estudio a dicho artículo dado que las mujeres se han hecho presentes en la vida pública y participativa, hay una verdadera preocupación en todos los niveles de gobierno a favor de su pleno desarrollo y las menores de catorce años se encuentran precisamente en una desarrollo físico, mental, emocional y social, cuando más necesita del cuidado y la protección de su familia.
Por otro lado, la propuesta de la CEDH menciona que el fin de la reforma es fortalecer las uniones matrimoniales, ya que, según las estadísticas nacionales, los matrimonios jóvenes están expuestos en un mayor grado a fracasar y terminar en divorcios porque a una corta edad no se comprende la magnitud de la responsabilidad que conlleva una unión familiar y la procreación de hijas e hijos.
Ambas propuestas están en estudio en la Comisión Permanente de Administración de Justicia, presidida por el diputado Alfredo Ahuja Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), la integran Francisca Pineda Vera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), e Isabel Carmelina Cruz Silva, Jaime Aranda Castillo y Etelberto Gómez Fuentes, del PRI, quienes elaboraran el dictamen correspondiente.
09/SJE/PBC/GG
Oaxaca: analizan elevar a 20 años la edad para casarse
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 10 agosto 09 (CIMAC).- La Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LX Legislatura del estado de Oaxaca tiene en su agenda de trabajo el análisis de una iniciativa de reforma al Código Civil local que busca elevar el mínimo de edad para contraer matrimonio a 20 años, pues la ley que rige actualmente, vigente desde 1944, señala los 14 años como edad mínima para que las mujeres se casen.
La iniciativa, que aplicaría tanto para las mujeres como para los hombres, fue enviada por el ciudadano Jesús López Ceja en el mes de julio, mediante la diputada Paola España López, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Dice la iniciativa que el cuidado de la salud física y mental de los menores de edad es una responsabilidad que comparten “los padres”, el Estado y la sociedad en general, por lo que respecto a la ley, ésta debe considerar la edad de 20 años cuando la y el contrayente tienen una visión más amplia de la vida en pareja y físicamente están en mejores condiciones para evitar embarazos riesgosos.
Dicho proyecto se suma al presentado en mayo por el titular de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (CEDH), Heriberto Antonio García, al presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados local, Herminio Cuevas Chávez (PRI), el cual propone que la edad mínima para casarse debiera ser de 18 años de edad.
En el tema, ambas propuestas coinciden en la necesidad de reformar el Código Civil en su Artículo 147 que señala que, para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce, norma que está vigente sin modificaciones desde 1944 y que, según las observaciones, ha sido rebasada por los tiempos modernos.
La iniciativa del ciudadano López Ceja indica la conveniencia de realizar un estudio a dicho artículo dado que las mujeres se han hecho presentes en la vida pública y participativa, hay una verdadera preocupación en todos los niveles de gobierno a favor de su pleno desarrollo y las menores de catorce años se encuentran precisamente en una desarrollo físico, mental, emocional y social, cuando más necesita del cuidado y la protección de su familia.
Por otro lado, la propuesta de la CEDH menciona que el fin de la reforma es fortalecer las uniones matrimoniales, ya que, según las estadísticas nacionales, los matrimonios jóvenes están expuestos en un mayor grado a fracasar y terminar en divorcios porque a una corta edad no se comprende la magnitud de la responsabilidad que conlleva una unión familiar y la procreación de hijas e hijos.
Ambas propuestas están en estudio en la Comisión Permanente de Administración de Justicia, presidida por el diputado Alfredo Ahuja Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), la integran Francisca Pineda Vera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), e Isabel Carmelina Cruz Silva, Jaime Aranda Castillo y Etelberto Gómez Fuentes, del PRI, quienes elaboraran el dictamen correspondiente.
09/SJE/PBC/GG
11/08/2009 07:39 nomasviolenciacontralasmujeres #. NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES No hay comentarios. Comentar.
Niñas y mujeres en situación de calle
Pobreza, embarazo, falta de atención médica y abuso sexual
Por Paulina Rivas Ayala
México DF, 10 agosto 09 (CIMAC).- Las circunstancias de las niñas y mujeres que habitan las calles son doblemente complejas, ya que tanto por ser mujeres, como pobres las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad ante la misoginia y el abuso, informa el Capítulo 31 del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, elaborado El Caracol AC y por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Un aspecto fundamental del Diagnóstico es que las mujeres y niñas, además de no contar con protección legal por la falta de reconocimiento jurídico debido a que pertenecen a las llamadas poblaciones callejeras, también se enfrentan a violación y explotación sexual, embarazos no deseados por abuso y vida sexual sin protección; desconocen su derecho a decidir sobre su cuerpo y no cuentan con atención médica durante el embarazo.
“Yo no fui de médicos, mi hija nació en un taxi cuando yo tenía doce años”, comenta Adriana, una mujer que vive en el camellón de Montevideo esquina Insurgentes y quien, a sus 28 años parece de cuarenta debido a la mala alimentación y el consumo de drogas, luego de 18 años de vivir en la calle.
Adriana lava parabrisas y a veces “no sale y me las veo duras”, dice. Tiene dos hijos, “la más grande vive con mi mamá” y explica que cuando tenía diez años se salió de su casa porque sus padres se separaron y ella tenía problemas con su mamá.
ESTADO, OBLIGACIONES OMITIDAS
Pensar en poblaciones callejeras, como lo marca el informe, es darse cuenta de una serie de violaciones a sus derechos humanos, ya que el Estado no les garantiza una vida libre de violencia en el propio seno familiar. Ello se debe a que no se respetan las leyes nacionales y acuerdos internacionales para que las niñas y niños vivan en un ámbito familiar que les provea educación y los cuide.
“Después de un tiempo, continúa Adriana, regresé por mis hermanas, porque mi padrastro las golpeaba muy feo y mi mamá no decía nada”.
La violencia es parte de su cotidianeidad desde antes de su decisión de vivir en las calles, pero ya en éstas se enfrentan a más violencia como lo marca el informe.
“Lo único que nosotros necesitamos es apoyo económico”, dice por otra parte Lupe, de 29 años, quien tiene tres hijas y trabaja en las calles desde los once años. Ella también cuenta que se salió de su casa por “problemas con la familia”.
Lupe renta una casa “más que nada por mis hijas” dice. Desde niña trabaja “checando” las tarjetas de los camiones de Insurgentes y Montevideo y, según las personas en situación de calle que viven en esa zona, “no ha dejado las drogas”.
NEGACIÓN DE SUS DERECHOS SyR
La violación sexual y el embarazo en las calles van de la mano, reporta el Informe y esto se traduce en una negación a sus derechos sexuales y reproductivos (SyR), entre ellos, decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, violentando, además, su derecho a la educación sexual al igual que el derecho a una vida libre de violencia.
“Me violaron cuando tenía 13 años”, narra Adriana, quien recuerda que la amarraron a una coladera y abusaron de ella tres jóvenes de otro grupo. “Se aprovecharon porque mi chavo no estaba y se pasaron de lanza”. Sus gestos revelan resentimiento, no le gusta hablar sobre el tema.
Relata que antes los mismos hombres del grupo las protegían y reflexiona: “Si a mí me pasó, ahora les va peor a las mujeres porque los hombres ya son más canijos”. Cuenta que los mismos “chavos” del grupo “les ofrecen drogas, las marean para calmar sus ansias por un rato o luego (cuando ellas no quieren) las obligan”.
EMBARAZO SIN ATENCIÓN MÉDICA
También en el Diagnóstico se dice que 90 por ciento de las mujeres y niñas embarazadas que viven en la calle carecen de atención médica en el embarazo debido a que les niegan los servicios en las instituciones de salud con el pretexto de que son indigentes.
Es tan profunda la vulnerabilidad de estas poblaciones que la exclusión por género en condición de calle se ha invisibilizado y se carece de datos sobre la verdadera dimensión del problema, señala el documento.
Añade que el problema ha trascendido de ser sólo “niños de la calle” a familias enteras, ya que han desarrollado una cultura de la calle en la que aprendieron a sobrevivir. La vida sexual sin protección, así como los embarazos no deseados se traduce en el crecimiento de estas poblaciones y en infecciones de transmisión sexual (que la mayoría de las veces no son de su conocimiento).
“A veces nos traen condones, yo no sé si los chavos los usen; yo por eso me operé cuando tuve la oportunidad”, explica Adriana, quien dice que no ha tenido ninguna infección de transmisión sexual o “al menos no me he sentido mal de eso”.
¿DÓNDE ESTÁN LAS Y LOS NIÑOS?
El capítulo destaca que, en el caso de las mujeres jóvenes con hijas e hijos, se tiende a priorizar la situación de vulnerabilidad del bebé y lo alejan por la fuerza de su madre para llevarlo a una institución de ayuda, ignorando la voz y necesidades de ella para que permanezcan juntos. En lugar de eso, se responsabiliza públicamente a la madre por su modo de vida.
Adriana explica que su hijo Jonathan, de ocho años, está en un orfanato, pero no quiso decir el motivo, “yo creo que está mejor allá y a él le gusta porque le enseñan como en la escuela. Cuando estaban los dos conmigo, recuerda, me las vi muy duras por falta de lana (dinero)”.
CIFRAS POBRES
En el Diagnóstico se destaca que no se cuenta con cifras exactas sobre cuántas personas viven en la calle ya que estas poblaciones no son reconocidas en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, El Caracol AC ha realizado un seguimiento sobre la muerte de personas en situación de calle que se denominó “Estadísticas de la muerte callejera 1995 a 2005, Ciudad de México”, en donde se documentaron 184 muertes de niñas, niños, mujeres, jóvenes y adultos.
Veinticuatro por ciento de las muertes documentadas se refieren a mujeres; equivalen a 48, desglosadas en siete por homicidio, seis por accidente de tránsito, 13 por enfermedad, 12 por consumo de drogas, cinco calcinadas, dos por VIH/SIDA y tres más por causas desconocidas.
Las restantes son cifras de muertes de hombres y es importante destacar que cuarenta se deben a accidentes de tránsito, 34 a homicidios, 28 a enfermedades, 12 a suicidios, diez a consumo de drogas, tres calcinados y una más a causas desconocidas.
Miguel Ángel Arteaga, encargado del área de Fortalecimiento Institucional de El Caracol, explicó a Cimacnoticias que para obtener esta información se valen de visitas, bitácoras y sólo corresponde a las personas en situación de calle con las que ellos trabajan y que siguen trabajando para procesar nuevas cifras.
Según los resultados del Censo de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de México denominado “Tú también cuentas”, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y realizado del 27 de octubre de 2008 al 27 de febrero de 2009 a través de el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), existen 2 mil 759 personas viviendo en las calles, de las cuales el 19 por ciento son mujeres.
La encuesta, realizada a través de entrevistas, trató de averiguar edad, estado civil, lugar de origen, consumo de drogas, escolaridad, padecimiento de enfermedades y los resultados se basaron únicamente en las declaraciones de los y las entrevistadas.
EL MODELO GIULIANI
La tendencia de las acciones oficiales ha sido reprimir y controlar a la población de las calles, explica el Diagnóstico y argumenta que uno de los actos que llaman más la atención, debido a las graves violaciones a los derechos humanos, es el modelo “Giuliani”, aplicado en Nueva York, consistente en la llamada “cero tolerancia”.
El Diagnóstico refiere que “las recomendaciones de Giuliani” (Rudolph W. Giuliani, ex alcalde de Nueva York) muestran una tendencia a profundizar el estigma social de estos grupos y la discriminación, así como la criminalización de la pobreza.
Se desconoce, explica el documento, la existencia de las poblaciones callejeras, especialmente la infancia que está asociada con la ausencia de políticas sociales, miseria y el trabajo precario; en cambio, se juzga que su condición de vida callejera es generadora de potenciales delincuentes.
La violencia que viven estas poblaciones cuando los canalizan a instituciones públicas o privadas es algo que la mayoría ha experimentado; por eso, existe una resistencia cuando las organizaciones dedicadas a ayudarles se acercan a ellos, expone en su página Web, El Caracol, asociación que trabaja con infancia en situación de calle.
09/PAR/PBC/GG
Por Paulina Rivas Ayala
México DF, 10 agosto 09 (CIMAC).- Las circunstancias de las niñas y mujeres que habitan las calles son doblemente complejas, ya que tanto por ser mujeres, como pobres las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad ante la misoginia y el abuso, informa el Capítulo 31 del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, elaborado El Caracol AC y por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Un aspecto fundamental del Diagnóstico es que las mujeres y niñas, además de no contar con protección legal por la falta de reconocimiento jurídico debido a que pertenecen a las llamadas poblaciones callejeras, también se enfrentan a violación y explotación sexual, embarazos no deseados por abuso y vida sexual sin protección; desconocen su derecho a decidir sobre su cuerpo y no cuentan con atención médica durante el embarazo.
“Yo no fui de médicos, mi hija nació en un taxi cuando yo tenía doce años”, comenta Adriana, una mujer que vive en el camellón de Montevideo esquina Insurgentes y quien, a sus 28 años parece de cuarenta debido a la mala alimentación y el consumo de drogas, luego de 18 años de vivir en la calle.
Adriana lava parabrisas y a veces “no sale y me las veo duras”, dice. Tiene dos hijos, “la más grande vive con mi mamá” y explica que cuando tenía diez años se salió de su casa porque sus padres se separaron y ella tenía problemas con su mamá.
ESTADO, OBLIGACIONES OMITIDAS
Pensar en poblaciones callejeras, como lo marca el informe, es darse cuenta de una serie de violaciones a sus derechos humanos, ya que el Estado no les garantiza una vida libre de violencia en el propio seno familiar. Ello se debe a que no se respetan las leyes nacionales y acuerdos internacionales para que las niñas y niños vivan en un ámbito familiar que les provea educación y los cuide.
“Después de un tiempo, continúa Adriana, regresé por mis hermanas, porque mi padrastro las golpeaba muy feo y mi mamá no decía nada”.
La violencia es parte de su cotidianeidad desde antes de su decisión de vivir en las calles, pero ya en éstas se enfrentan a más violencia como lo marca el informe.
“Lo único que nosotros necesitamos es apoyo económico”, dice por otra parte Lupe, de 29 años, quien tiene tres hijas y trabaja en las calles desde los once años. Ella también cuenta que se salió de su casa por “problemas con la familia”.
Lupe renta una casa “más que nada por mis hijas” dice. Desde niña trabaja “checando” las tarjetas de los camiones de Insurgentes y Montevideo y, según las personas en situación de calle que viven en esa zona, “no ha dejado las drogas”.
NEGACIÓN DE SUS DERECHOS SyR
La violación sexual y el embarazo en las calles van de la mano, reporta el Informe y esto se traduce en una negación a sus derechos sexuales y reproductivos (SyR), entre ellos, decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, violentando, además, su derecho a la educación sexual al igual que el derecho a una vida libre de violencia.
“Me violaron cuando tenía 13 años”, narra Adriana, quien recuerda que la amarraron a una coladera y abusaron de ella tres jóvenes de otro grupo. “Se aprovecharon porque mi chavo no estaba y se pasaron de lanza”. Sus gestos revelan resentimiento, no le gusta hablar sobre el tema.
Relata que antes los mismos hombres del grupo las protegían y reflexiona: “Si a mí me pasó, ahora les va peor a las mujeres porque los hombres ya son más canijos”. Cuenta que los mismos “chavos” del grupo “les ofrecen drogas, las marean para calmar sus ansias por un rato o luego (cuando ellas no quieren) las obligan”.
EMBARAZO SIN ATENCIÓN MÉDICA
También en el Diagnóstico se dice que 90 por ciento de las mujeres y niñas embarazadas que viven en la calle carecen de atención médica en el embarazo debido a que les niegan los servicios en las instituciones de salud con el pretexto de que son indigentes.
Es tan profunda la vulnerabilidad de estas poblaciones que la exclusión por género en condición de calle se ha invisibilizado y se carece de datos sobre la verdadera dimensión del problema, señala el documento.
Añade que el problema ha trascendido de ser sólo “niños de la calle” a familias enteras, ya que han desarrollado una cultura de la calle en la que aprendieron a sobrevivir. La vida sexual sin protección, así como los embarazos no deseados se traduce en el crecimiento de estas poblaciones y en infecciones de transmisión sexual (que la mayoría de las veces no son de su conocimiento).
“A veces nos traen condones, yo no sé si los chavos los usen; yo por eso me operé cuando tuve la oportunidad”, explica Adriana, quien dice que no ha tenido ninguna infección de transmisión sexual o “al menos no me he sentido mal de eso”.
¿DÓNDE ESTÁN LAS Y LOS NIÑOS?
El capítulo destaca que, en el caso de las mujeres jóvenes con hijas e hijos, se tiende a priorizar la situación de vulnerabilidad del bebé y lo alejan por la fuerza de su madre para llevarlo a una institución de ayuda, ignorando la voz y necesidades de ella para que permanezcan juntos. En lugar de eso, se responsabiliza públicamente a la madre por su modo de vida.
Adriana explica que su hijo Jonathan, de ocho años, está en un orfanato, pero no quiso decir el motivo, “yo creo que está mejor allá y a él le gusta porque le enseñan como en la escuela. Cuando estaban los dos conmigo, recuerda, me las vi muy duras por falta de lana (dinero)”.
CIFRAS POBRES
En el Diagnóstico se destaca que no se cuenta con cifras exactas sobre cuántas personas viven en la calle ya que estas poblaciones no son reconocidas en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, El Caracol AC ha realizado un seguimiento sobre la muerte de personas en situación de calle que se denominó “Estadísticas de la muerte callejera 1995 a 2005, Ciudad de México”, en donde se documentaron 184 muertes de niñas, niños, mujeres, jóvenes y adultos.
Veinticuatro por ciento de las muertes documentadas se refieren a mujeres; equivalen a 48, desglosadas en siete por homicidio, seis por accidente de tránsito, 13 por enfermedad, 12 por consumo de drogas, cinco calcinadas, dos por VIH/SIDA y tres más por causas desconocidas.
Las restantes son cifras de muertes de hombres y es importante destacar que cuarenta se deben a accidentes de tránsito, 34 a homicidios, 28 a enfermedades, 12 a suicidios, diez a consumo de drogas, tres calcinados y una más a causas desconocidas.
Miguel Ángel Arteaga, encargado del área de Fortalecimiento Institucional de El Caracol, explicó a Cimacnoticias que para obtener esta información se valen de visitas, bitácoras y sólo corresponde a las personas en situación de calle con las que ellos trabajan y que siguen trabajando para procesar nuevas cifras.
Según los resultados del Censo de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de México denominado “Tú también cuentas”, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y realizado del 27 de octubre de 2008 al 27 de febrero de 2009 a través de el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), existen 2 mil 759 personas viviendo en las calles, de las cuales el 19 por ciento son mujeres.
La encuesta, realizada a través de entrevistas, trató de averiguar edad, estado civil, lugar de origen, consumo de drogas, escolaridad, padecimiento de enfermedades y los resultados se basaron únicamente en las declaraciones de los y las entrevistadas.
EL MODELO GIULIANI
La tendencia de las acciones oficiales ha sido reprimir y controlar a la población de las calles, explica el Diagnóstico y argumenta que uno de los actos que llaman más la atención, debido a las graves violaciones a los derechos humanos, es el modelo “Giuliani”, aplicado en Nueva York, consistente en la llamada “cero tolerancia”.
El Diagnóstico refiere que “las recomendaciones de Giuliani” (Rudolph W. Giuliani, ex alcalde de Nueva York) muestran una tendencia a profundizar el estigma social de estos grupos y la discriminación, así como la criminalización de la pobreza.
Se desconoce, explica el documento, la existencia de las poblaciones callejeras, especialmente la infancia que está asociada con la ausencia de políticas sociales, miseria y el trabajo precario; en cambio, se juzga que su condición de vida callejera es generadora de potenciales delincuentes.
La violencia que viven estas poblaciones cuando los canalizan a instituciones públicas o privadas es algo que la mayoría ha experimentado; por eso, existe una resistencia cuando las organizaciones dedicadas a ayudarles se acercan a ellos, expone en su página Web, El Caracol, asociación que trabaja con infancia en situación de calle.
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11/08/2009 07:36 nomasviolenciacontralasmujeres #. NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES No hay comentarios. Comentar.
Mujeres morelenses frenan atropello a sus derechos sexuales
CIDH acepta investigar 150 casos por prohibición de ILE
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 10 agosto 09 (CIMAC).- Ante la negativa de las instancias nacionales y estatales de derechos humanos para frenar las reformas a las constituciones locales de 13 entidades federativas --incluida Morelos-- que protegen la vida desde la fecundación, organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para frenar “este atropello”.
Así lo informó a Cimacnoticias la directora de la Academia Morelense de Derechos Humanos y una de las peticionarias legales ante la CIDH, Patricia Bedolla Zamora, quien precisó que el 9 de junio pasado más de 20 organizaciones presentaron su petición ante la CIDH para que admitiera el caso de 150 mujeres morelenses que han sido violentadas en sus derechos sexuales y reproductivos con estas reformas.
Las peticionarias, entre las que se encuentra también Nadxielli Carranco Lechuga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras, pidieron que analice las modificaciones al Artículo 2 de la Constitución morelense.
Además, que se pronuncie porque el Estado mexicano reestablezca las causales permitidas hasta antes de las modificaciones que son por violación, imprudencial o culposo, por peligro de muerte, malformaciones congénitas o genéticas graves al producto, grave daño a la salud de la madre y por inseminación artificial no consentida.
Uno de los argumentos ante esta instancia fue la violación del Estado mexicano a los tratados y convenciones que ha signado como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).
Cabe recordar que el Estado mexicano suscribió en 2006 un acuerdo de solución amistosa con la CIDH como consecuencia del caso Paulina, la menor de edad violada a quien las autoridades de Baja California le negaron el aborto legal por violación, según lo estipulaba su legislación local.
El caso derivó en una solución amistosa donde el Estado mexicano se comprometió a la no repetición de más casos como éste y a garantizar en los servicios de salud, el aborto legal por los supuestos permitidos en cada legislación de las entidades federativas.
Patricia Bedolla informó que la CIDH les notificó el pasado 29 de julio la admisibilidad del caso, por lo que presentará un informe de fondo.
De acuerdo con información de la página de la CIDH, casi todos los casos de derechos sexuales y reproductivos admitidos y/o fallados por la Comisión están relacionados con la violencia contra las mujeres, en su mayoría por violencia sexual.
MÁS CASOS ANTE LA CIDH
Señala que durante el período 1991-2000 se identificaron catorce casos de diversos países que, de alguna manera, tocan el tema de estos derechos.
En el año 2000 admitió un caso es el de María Mamérita Mestanza Chávez contra Perú, presentado por varias ONG, como CLADEM, por haber sido coaccionada, con amenazas y mentiras por el personal del servicio público de salud, para que se ligara las trompas contra su voluntad.
Como resultado de la operación y del descuido del personal de salud, María Mamérita Mestanza murió, siendo sólo una de las víctimas del programa de esterilizaciones del gobierno de Alberto Fujimori.
LA INICIATIVA
Morelos fue una de las primeras entidades federativas en hacer cambios a su Constitución para proteger la vida desde el momento de la fecundación y a su Código Penal para prohibir en su totalidad el aborto.
A principios de 2008, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Morelos, la diputada panista Martha Patricia Franco Gutiérrez, y el legislador panista Gilberto Alcalá Pineda, promovieron la reforma del Artículo 2 de la Constitución en la que reconoce “que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.
Tras los intentos fallidos de organizaciones civiles de la entidad para que no se aprobara y se hiciera un proceso “más transparente” se votó y aprobó con 23 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Convergencia el 11 de noviembre de 2008.
Un mes más tarde, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de Morelos.
LA CIDH UNA OPCIÓN PARA OTROS ESTADOS
Patricia Bedolla explicó que no buscaron acercarse con las entidades federativas, donde se han impulsado las mismas reformas, por los tiempos de la CIDH, ya que a partir de la entrada en vigor de las reformas ellas tenían seis meses de plazo para armar su argumentación jurídica y llevar el caso a esta instancia.
No obstante, dijo que las mujeres de las 12 entidades federativas que modificaron sus constituciones para proteger la vida desde la fecundación pueden recurrir a la CIDH ya que, insistió, se agotaron las posibilidades de que las instancias nacionales se pronuncien contra esta ley que viola los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que en lo que va de este mes, 67 mujeres de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora, han interpuesto amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se prevé los discutirá en breve.
De acuerdo con información de GIRE, actualizada a este mes, 13 entidades federativas han aprobado reformas a sus constituciones locales: Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
Quienes ya las han publicado la norma son 11: Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.
09/LGL/PB/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 10 agosto 09 (CIMAC).- Ante la negativa de las instancias nacionales y estatales de derechos humanos para frenar las reformas a las constituciones locales de 13 entidades federativas --incluida Morelos-- que protegen la vida desde la fecundación, organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para frenar “este atropello”.
Así lo informó a Cimacnoticias la directora de la Academia Morelense de Derechos Humanos y una de las peticionarias legales ante la CIDH, Patricia Bedolla Zamora, quien precisó que el 9 de junio pasado más de 20 organizaciones presentaron su petición ante la CIDH para que admitiera el caso de 150 mujeres morelenses que han sido violentadas en sus derechos sexuales y reproductivos con estas reformas.
Las peticionarias, entre las que se encuentra también Nadxielli Carranco Lechuga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras, pidieron que analice las modificaciones al Artículo 2 de la Constitución morelense.
Además, que se pronuncie porque el Estado mexicano reestablezca las causales permitidas hasta antes de las modificaciones que son por violación, imprudencial o culposo, por peligro de muerte, malformaciones congénitas o genéticas graves al producto, grave daño a la salud de la madre y por inseminación artificial no consentida.
Uno de los argumentos ante esta instancia fue la violación del Estado mexicano a los tratados y convenciones que ha signado como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).
Cabe recordar que el Estado mexicano suscribió en 2006 un acuerdo de solución amistosa con la CIDH como consecuencia del caso Paulina, la menor de edad violada a quien las autoridades de Baja California le negaron el aborto legal por violación, según lo estipulaba su legislación local.
El caso derivó en una solución amistosa donde el Estado mexicano se comprometió a la no repetición de más casos como éste y a garantizar en los servicios de salud, el aborto legal por los supuestos permitidos en cada legislación de las entidades federativas.
Patricia Bedolla informó que la CIDH les notificó el pasado 29 de julio la admisibilidad del caso, por lo que presentará un informe de fondo.
De acuerdo con información de la página de la CIDH, casi todos los casos de derechos sexuales y reproductivos admitidos y/o fallados por la Comisión están relacionados con la violencia contra las mujeres, en su mayoría por violencia sexual.
MÁS CASOS ANTE LA CIDH
Señala que durante el período 1991-2000 se identificaron catorce casos de diversos países que, de alguna manera, tocan el tema de estos derechos.
En el año 2000 admitió un caso es el de María Mamérita Mestanza Chávez contra Perú, presentado por varias ONG, como CLADEM, por haber sido coaccionada, con amenazas y mentiras por el personal del servicio público de salud, para que se ligara las trompas contra su voluntad.
Como resultado de la operación y del descuido del personal de salud, María Mamérita Mestanza murió, siendo sólo una de las víctimas del programa de esterilizaciones del gobierno de Alberto Fujimori.
LA INICIATIVA
Morelos fue una de las primeras entidades federativas en hacer cambios a su Constitución para proteger la vida desde el momento de la fecundación y a su Código Penal para prohibir en su totalidad el aborto.
A principios de 2008, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Morelos, la diputada panista Martha Patricia Franco Gutiérrez, y el legislador panista Gilberto Alcalá Pineda, promovieron la reforma del Artículo 2 de la Constitución en la que reconoce “que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.
Tras los intentos fallidos de organizaciones civiles de la entidad para que no se aprobara y se hiciera un proceso “más transparente” se votó y aprobó con 23 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Convergencia el 11 de noviembre de 2008.
Un mes más tarde, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de Morelos.
LA CIDH UNA OPCIÓN PARA OTROS ESTADOS
Patricia Bedolla explicó que no buscaron acercarse con las entidades federativas, donde se han impulsado las mismas reformas, por los tiempos de la CIDH, ya que a partir de la entrada en vigor de las reformas ellas tenían seis meses de plazo para armar su argumentación jurídica y llevar el caso a esta instancia.
No obstante, dijo que las mujeres de las 12 entidades federativas que modificaron sus constituciones para proteger la vida desde la fecundación pueden recurrir a la CIDH ya que, insistió, se agotaron las posibilidades de que las instancias nacionales se pronuncien contra esta ley que viola los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que en lo que va de este mes, 67 mujeres de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora, han interpuesto amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se prevé los discutirá en breve.
De acuerdo con información de GIRE, actualizada a este mes, 13 entidades federativas han aprobado reformas a sus constituciones locales: Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
Quienes ya las han publicado la norma son 11: Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.
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11/08/2009 07:32 nomasviolenciacontralasmujeres #. NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES No hay comentarios. Comentar.
