Por Stephen de Tarczynski MELBOURNE, jul (IPS) - Los hombres que trabajan en la industria manufacturera de Australia son quienes más cargan con el impacto de la crisis económica mundial.
Ken Hewitt, de 38 años, todavía no se ha acostumbrado a estar en su hogar durante el horario laboral normal.
En junio lo despidieron de su trabajo de tiempo completo como calderero en una empresa de ingeniería. Ahora pasa el tiempo sentado en su casa, en el centro regional de Geelong, en el sudoriental estado de Victoria, y se sume en sus inquietudes.
"Me preocupa el dinero y el futuro, porque no hay demasiado trabajo", dijo a IPS.
Aunque cree que perdió su puesto por manifestarse en relación a cuestiones de seguridad en el lugar de trabajo y al tratamiento que la gerencia brindaba a sus compañeros, le dijeron que su despido se debía a "falta de trabajo".
La firma Thornton Engineering, su ex empleadora, había reducido su producción, señaló Hewitt.
En un esfuerzo por mitigar la pérdida de ingresos, la pareja de Hewitt, una camionera, tuvo que aceptar trabajo extra. Ahora "hace alrededor de 12 o 13 horas diarias", dijo.
Como muchos australianos, ellos pidieron prestada una suma sustancial para pagar la casa en la que crían a sus tres hijos, en edad escolar. Pero aunque la extensión del horario laboral de ella reduce el tiempo que puede estar con los niños, Hewitt dice que es demasiado pronto para que se vuelvan evidentes los principales impactos del desempleo.
"Tenemos que esperar un par de meses para ver qué es lo que realmente ocurre luego", sostuvo.
Esta sensación de inseguridad es muy conocida para John John, uno de los 800 trabajadores que quedaron desempleados a raíz del cierre, en marzo del año pasado, de la planta automotriz de Mitsubishi, en la meridional ciudad de Adelaide.
"Me lo tomé mal Ahora tengo 55 años y estoy envejeciendo. Es difícil hallar otro trabajo a mi edad", señaló.
Además, pronto se le terminará el dinero de la indemnización que recibió tras casi 13 años en ese puesto, dijo.
Su esposa trabaja un día a la semana como empleada casual en una fiambrería. Los puestos casuales son inseguros de por sí, y no permiten recibir beneficios como licencia por enfermedad o salario vacacional. Y desde que cerró la planta John solamente se las ha arreglado para conseguir, de forma intermitente, trabajos casuales a través de una agencia.
Esta situación ha inyectado tensión en la relación de la pareja. "Nos sacamos de quicio mutuamente", declaró John a IPS.
El matrimonio, que todavía tiene que pagar más de 100.000 dólares australianos (82.000 estadounidenses) del abultado préstamo que sacó para pagar su casa, pensó que el trabajo de John en Mistubishi estaba asegurado.
Los casos de Hewitt y John son apenas dos entre los miles de trabajadores de la industria manufacturera de Australia que perdieron sus puestos en los últimos tiempos.
En ese sector, la mayoría de los empleos son de tiempo completo y, predominantemente, desempeñados por hombres. La industria fue particularmente golpeada por la crisis financiera mundial, prescindiendo de 80.000 trabajadores solamente en los últimos 12 meses.
Esto ha reducido los temores de que las mujeres, particularmente en el sector de la venta minorista, así como en hotelería y restaurantes, fueran las más afectadas por la pérdida de empleo asociada con la recesión.
En Australia, las mujeres constituyen la mayor parte de quienes realizan trabajos casuales y de tiempo parcial, que algunos consideran los puestos más vulnerables en tiempos de crisis.
Pero las últimas cifras sobre la fuerza laboral brindadas por el Buró Australiano de Estadísticas muestran que en junio el desempleo fue de 5,8 por ciento. Entre los hombres fue de 6,1 por ciento, y entre las mujeres de 5,6 por ciento.
Aunque ambos casos se produjo un aumento desde hace un año, hubo un gran salto en la proporción de hombres sin trabajo. En junio de 2008, el desempleo entre las mujeres era de 4,6 por ciento, mientras que entre los hombres era de 3,9 por ciento.
Pese a esto, una sensación de cauto optimismo rodea a la capacidad del país para capear el temporal económico. Hasta ahora ha evitado caer en la recesión mediante paquetes de estímulo económico y gracias a la persistente voracidad china por los minerales australianos.
Pero aunque siguen las conjeturas sobre si realmente pasó lo peor para la economía, hay consenso en materia de desempleo: cientos de miles perderán sus trabajos en los próximos meses y años.
La consultora Access Economics pronostica que en los próximos dos años se perderán unos 200.000 puestos laborales, mientras que los datos oficiales del Tesoro australiano son aún más sombríos.
Y aunque se prevé un aumento del desempleo en industrias dominadas por hombres como la de la manufactura, cónyuges, hijos y otros familiares de los trabajadores también pueden sufrir, tanto en lo material como en lo mental.
Un hombre que pidió no revelar su identidad y cuyo hijo también fue despedido de la fábrica de Mitsubishi en Adelaide, dijo a IPS que éste "se siente como si ya no tuviera nada que aportar".
Esto ha presionado a su nuera y nietos, de siete y cinco años. "Ellos sienten los efectos de la tensión" que reina en el hogar, señaló.
Aunque su hijo, de 37 años, ha trabajado como limpiador en los últimos tres meses, sus ingresos son mucho menores que los que percibía en Mitsubishi. Y no alcanzan para pagar el préstamo hipotecario que sacó la pareja.
"Eso les destruye el alma. Pasan de tener un trabajo que les permite mantenerse y progresar a una situación de mera supervivencia", dijo el hombre.
Además de la evidente carga financiera, el padre también es consciente del impacto emocional que causó en su hijo la pérdida del trabajo en Mitsubishi, donde estuvo empleado durante 15 años.
"La confianza de la persona desaparece completamente. Antes, (cuando miraba a mi hijo) yo veía a alguien bastante confiado, que se enorgullecía de cosas que hacía en la casa. Ahora veo a alguien que piensa: ¿qué importa?", relató. (FIN/2009)
ALIMENTACIÓN-ÁFRICA: Agricultura natural contra el hambre Por Stephanie Nieuwoudt CIUDAD DEL CABO, jul (IPS) - Muchos agricultores convencionales que deciden dedicarse al cultivo orgánico fracasan en el intento porque abandonan de repente el uso de todo pesticida y abono químico. Eso resulta traumático para el suelo, que reacciona como "un drogadicto con síndrome de abstinencia".
Así explicó Cornelius Oosthuizen, director del Instituto Sudafricano de Biogranjas, por qué en su país son relativamente pocos los éxitos en el proceso de conversión hacia la agricultura orgánica.
"El fracaso se produce cuando un cultivador que ha usado productos químicos durante mucho tiempo adopta de golpe prácticas 100 por ciento orgánicas. En un predio de 1.000 hectáreas no se puede iniciar un monocultivo orgánico en toda la superficie. Primero debe practicar la agricultura biológica", dijo Oosthuizen.
Es preciso, sostuvo, preparar el suelo, equilibrando los minerales y restableciendo el ecosistema natural, para lo cual se requiere una intensa actividad de insectos y de gusanos en la tierra. Además, la erosión debe contrarrestarse.
La denominada agricultura biológica recurre a sustancias químicas que no dañan el suelo ni los ecosistemas. La orgánica, en cambio, prescinde del uso de todo producto químico. El Instituto Sudafricano de Biogranjas promueve ambas prácticas de modo que resulten sustentables y den réditos económicos.
Los agricultores deben abordar la modalidad biológica si aspiran a incursionar en la orgánica, que no sólo es lucrativa sino que también puede hacer frente a la inseguridad alimentaria endémica en África.
El mercado internacional de productos orgánicos factura 50.000 millones de dólares anuales. Este continente está desaprovechando su potencial en la materia, según expertos.
La organización humanitaria Oxfam Internacional advirtió en junio que los cultivadores de maíz de África subsahariana sufrirán pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares anuales debido a los cambiantes patrones ambientales mundiales.
La región es vulnerable a la escasez hídrica --sequías incluidas-- y a los desastres naturales. Expertos advierten que los escasos recursos de África deben usarse con cuidado para garantizar la seguridad alimentaria.
Investigaciones realizadas por varias organizaciones especializadas demuestran que la agricultura orgánica puede duplicar o triplicar la producción en el mundo en desarrollo, según Raymond Auerbach, uno de los principales promotores de esta práctica en el continente.
La modalidad orgánica reduce entre 33 y 56 por ciento el uso de energía no solar y eleva hasta 40 por ciento la eficacia en el uso del agua. Además, los alimentos producidos así contienen más nutrientes.
Auerbach dirige la Rainman Land Care Foundation, con sede en Sudáfrica, organización que enseña a los productores africanos a cultivar de un modo ambientalmente sano y optimizar el uso de los escasos recursos hídricos. También ayuda a los agricultores a organizarse para acceder a los mercados importadores.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) informó el año pasado que el rendimiento de los cultivos se más que duplicó en 114 proyectos de agricultura orgánica implementados en 24 países africanos.
Pero la ignorancia y la resistencia de los agricultores a implementar métodos orgánicos, así como el poder económico y político de las empresas que comercializan semillas y fertilizantes, obstaculizan su pleno desarrollo.
Los agricultores orgánicos sudafricanos afrontan muchos escollos, dijo Auerbach a IPS.
"Primero, hay pocas investigaciones a nivel local que les sirvan como guía. Segundo, es frecuente que el gobierno no ayude a los agricultores a menos que usen fertilizantes y venenos. Y tercero, la obtención de certificados de producto orgánico es un proceso arduo y caro", sostuvo.
"La resistencia a la agricultura orgánica es alimentada por dos factores: los intereses creados y la ignorancia. Las empresas apoyan métodos que aplican los productos que ellas venden. Pero ¿quién se beneficia de la agricultura orgánica? No las empresas, sino los cultivadores, sus clientes y el ambiente", señaló.
"A quienes se formaron en las universidades sudafricanas se les dijo que los fertilizantes, los venenos y las semillas genéticamente modificadas son 'científicas' y 'progresistas', mientras que los métodos anticuados son 'poco científicos'", agregó.
Pero el potencial económico de la agricultura orgánica es enorme. Según Auerbach, quienes la aplican en Uganda exportan 22 millones de dólares anuales, al tiempo que suministran alimentos a las comunidades locales.
Oosthuizen agregó que a los agricultores comerciales, motivados por las ganancias, les importa más la cantidad que la calidad. "Tienen que obtener un rédito y usarán semillas y fertilizantes que les ayuden a conseguirlo, aunque su producto resulte pobre en nutrientes", dijo.
Las semillas transgénicas, que garantizan enormes rendimientos, deben rociarse con gran cantidad de pesticidas y herbicidas.
Las compañías multinacionales que comercializan estos productos tienen a menudo vínculos con funcionarios gubernamentales que les aseguran un acceso preferencial al mercado.
Para Oosthuizen, la respuesta a la inseguridad alimentaria en África radica en el retorno de la agricultura a las comunidades.
"Cada aldea debería tener sus propias granjas, su propio molino, su propia panadería para alimentar a su población. Sólo cuando la población local esté debidamente alimentada se debería mirar hacia mercados más amplios", sostuvo.
"Es allí donde los gobiernos pueden jugar un rol importante. Las estrategias de mercadotecnia deberían estar centralizadas y coordinadas. Por ejemplo: un gobierno puede asignar a 20 cultivadores de pequeña escala a cierta área para que, en conjunto, suministren cinco toneladas de maíz a un cliente específico", añadió.
Cuando se siga este modelo también se estará dando poder a las mujeres, que constituyen la columna vertebral de la economía agrícola africana. Los beneficios potenciales para las campesinas son evidentes si los gobiernos siguen el principio de igualdad de género en la asignación de proyectos.
En toda Sudáfrica, las mujeres de áreas urbanos y rurales ya mantienen a raya el hambre con sus jardines comunitarios. No solo alimentan a sus familias, sino que venden el excedente en los mercados locales. Así, estas mujeres, que a menudo están solas al frente de familias extendidas, logran un ingreso.
En las áreas rurales, las mujeres pueden beneficiarse de la agricultura orgánica de dos maneras, dijo Auerbach.
"Pueden utilizar los insumos que encuentran en la granja, sin necesidad de largos viajes par comprar productos caros. Además, como ellas son quienes alimentan a sus hijos, se cuidarán de que nadie esté expuesto a venenos, ni al producirlos ni al consumirlos", añadió. (FIN/2009)
COLOMBIA: El oro no brilla para las mujeres de Tolima Por Helda Martínez, enviada especial
IBAGUÉ, Colombia, jul (IPS) - Entre la vulnerabilidad y el coraje oscila estos días la población femenina de los municipios de Cajamarca e Ibagué, en el andino departamento colombiano de Tolima, por la posible explotación de una mina de oro, que alteraría la forma de vida de toda la zona.
Las emociones contrapuestas son en este caso comunes, pese a la diferencia socioeconómica de las mujeres de los dos municipios, distantes entre sí 35 kilómetros y unidos por la carretera Panamericana.
Todo comenzó en 2006, cuando la sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) descubrió una veta de oro a apenas cinco kilómetros de Cajamarca, una población de 25.000 habitantes que en más de 90 por ciento viven de la agricultura y la ganadería.
La transnacional tenía permiso del Ministerio de Minas para explorar en 15 áreas del municipio y en otras 12 en el resto del departamento.
Al comenzar las actividades de exploración en la mina llamada La Colosa, la tranquilidad de la zona se alteró rápidamente y, apagada la euforia inicial por el espejismo de oportunidades derivadas del yacimiento, la población pasó a organizarse para enfrentar una actividad que modificaría su ecosistema y forma de vida, y no para bien.
En Ibagué, la capital del departamento centro-occidental, con más de medio millón de habitantes y nueve universidades, las estudiantes asumieron un papel protagónico en la movilización.
De hecho, cifras del Ministerio de Educación indican que las mujeres superan en dos puntos porcentuales a los varones en las universidades de la capital de Tolima, que vive del comercio y de actividades derivadas de la producción agropecuaria y de su naturaleza.
En Cajamarca, donde no hay centros de educación superior, también hay más mujeres universitarias que varones. De los 463 habitantes que en 2005 realizaban estudios superiores, 58,3 por ciento eran mujeres, según el censo nacional de ese año.
Pero en la región la discriminación no sabe de estudios, y a la hora del empleo son las mujeres de Ibagué y sobre todo de Cajamarca las que tienen más dificultades de inserción. También la pobreza las afecta más a ellas, explicó a IPS la estudiante de economía de la Universidad de Tolima, Diana Ávila, que realiza su tesis sobre el problema.
"La ocupación para muchas mujeres son los trabajos domésticos y sin condiciones apropiadas", explicó Ávila. La comunicadora María Alexandra Herrán añadió que la situación socioeconómica también provoca que en Cajamarca "niñas y jóvenes ejerzan la prostitución, incluso impulsadas por miembros de su propia familia".
"Cajamarca es un sitio de paso permanente, de tránsito de camiones, por ejemplo, lo que incide en los índices de prostitución y altos niveles de enfermedades por contagio sexual", explicó a IPS.
LA COLOSA, EL RECHAZO QUE UNE
Con este contexto, el movimiento contra La Colosa se consolidó cuando AGA anunció en diciembre de 2007 que las exploraciones confirmaban que se trataba de uno de los 10 mayores yacimientos de oro del mundo.
El activismo anti-minero generó un movimiento social en torno a 28 organizaciones no gubernamentales, casi todas creadas el último año, algunas este mismo mes, y siempre con destacada participación femenina.
"En número estamos equilibrados hombres y mujeres, pero nosotras no paramos", explicó Ávila, activista de la no gubernamental Conciencia Ambiental.
Su compañero de economía, Cristian Frasser, dijo a IPS que "es inmenso el trabajo de las mujeres en esta resistencia", tanto universitarias como campesinas.
También calificó como "valerosas las acciones desarrolladas por Carmen Sofía Bonilla", directora de la estatal Corporación Autónoma Regional de Tolima (Cortolima).
Bonilla es la heroína de los opositores a La Colosa, porque pese a las presiones se apertrechó en reglamentos y argumentos técnicos para primero reducir el terreno en que AGA podía explorar y después impulsar su paralización.
Otra mujer de Tolima, la legisladora liberal Rossmery Martínez, convocó un debate en la nacional Cámara de Representantes sobre la ilegalidad de la exploración en una reserva forestal y logró sumar a la causa a la izquierdista senadora Gloria Inés Ramírez.
Las acciones de Bonilla, el debate legislativo y las posteriores audiencias públicas en Ibagué y Bogotá decidieron al Ministerio del Ambiente a suspender las actividades en La Colosa, en febrero de 2008, mientras se analiza si la mina puede convivir con las normas y limitaciones de uso de la reserva forestal y del enclave de riqueza hídrica donde se ubica.
Desde entonces, las estudiantes universitarias, en especial las de las facultades de ingeniería forestal y economía, aumentaron su participación en el movimiento contra el yacimiento, conscientes de que la paralización es, al menos por ahora, solo temporal.
Los activistas se miran en el espejo de Ataco, una población del sur de Tolima, donde la movilización social logro cerrar 27 años atrás otra explotación aurífera, en una acción comandada por las mujeres de la zona. Entonces, la afectada fue una empresa colombiana.
Los opositores a La Colosa también promovieron la incorporación a la lucha de mujeres de espacios y sectores directamente afectados, en especial campesinas, con jornadas conjuntas de reflexión, a una de las cuales asistió IPS.
"Apoyamos el trabajo de difusión y sensibilización con llamados sobre los impactos que la explotación dejará, como escasez de agua y contaminación masiva, lo que afectará especialmente la salud de niños, ancianos y madres gestantes", explicó Herrán.
"Como mujeres trasmitimos mensajes a otras mujeres", agregó, al explicar que las jornadas se realizan en Ibagué, Cajamarca y municipios de la zona llana del departamento, en donde hay extensos cultivos de arroz, algodón y sorgo.
A los talleres se sumó una campaña por Internet, que obtuvo numerosos apoyos. Ávila destacó un mensaje que decía: "Estoy con ustedes porque mi hijo bebe agua y no toma oro". "Me impactó porque sinteriza claramente lo que pasaría con la explotación", dijo la estudiante.
Los mensajes también motivan a las mujeres de Cajamarca.
Aura María Díaz, habitante de esa población, reconoció a IPS la falta de oportunidades que tienen la mayoría de mujeres en la región, más allá del trabajo en el campo.
"He tenido dudas sobre las ventajas de la mina, pero ahora sí empiezo a creer que eso acabaría con la agricultura y la tranquilidad del pueblo porque ya hay ladrones y atracadores, y tenemos miedo de salir de noche", dijo.
El número de prostitutas se elevó considerablemente cuando la trasnacional empezó los trabajos ahora suspendidos, agregó.
En la etapa inicial, fueron contratados 400 obreros, por lo que llegaron muchos forasteros y se creó la ilusión de una bonanza que triplicó el costo de los arriendos y el precio de venta de casas y fincas.
También se produjo la contratación de algunas mujeres. "No fueron muchas, porque el trabajo minero es para obreros rasos y hay pocas labores para mujeres, aparte de la cocina", anotó Ávila.
"Los taladros son gigantescos y hay que subir por una montaña con pendientes de hasta 45 grados. Podría haber mujeres en rangos ejecutivos, pero no lo sabemos con precisión", agregó Frasser.
También trascendió que las condiciones laborales para las mujeres "no fueron las mejores, aunque no es posible conocer cifras precisas porque AGA esconde información", dijo a IPS Evelio Campos, natural de Cajamarca y coordinador de Ecotierra.
"Estamos recopilando información y sabemos que a varias les dieron la oportunidad de estar en la mina, incluso como supervisoras de las perforaciones, pero las despidieron cuando algunas quedaron embarazadas", agregó.
"La historia minera confirma que en los lugares donde se desarrolla la minería se acrecientan la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo", puntualizó Frasser.
Olivia Gil, habitante de Cajamarca y frontal opositora a la mina, está convencida de que eso pasaría allí si se abre La Colosa. "Siempre escuché que allá donde se hace minería quedan en la ruina después de la intervención, aunque al principio haya abundancia", dijo a IPS.
"Ahora no vivimos en la abundancia, pero tenemos como vivir tranquilas, que es lo que quiero para mis nietas", anotó.
Ella no pierde la esperanza de que el día en que sus nietas, hoy niñas, sean grandes, tengan mayores opciones que las actuales en Cajamarca.
"Quiero algo distinto a las poco creíbles fantasías de algunos estos días y que la diversión no sea sólo bailar y beber, para después embarazarse. No deseo eso para mis nietas", agregó.
Por eso, su hija vive en Ibagué, donde hay mayores posibilidades para las mujeres, "con todo lo que hace falta para que el futuro de mis nietas sea mejor que el de su madre y el mío", concluyó. (FIN/2009)
Por Katie Mattern WASHINGTON, 25 jul (IPS) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmará una convención a favor de las personas con discapacidades, el primer tratado internacional sobre derechos humanos que suscribe su país en más de una década.
El anuncio fue hecho el viernes al celebrarse el 19 aniversario de la aprobación de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Una vez que el presidente suscriba el tratado, éste será enviado al Congreso legislativo para su ratificación y su posterior promulgación.
Será el cuarto convenio internacional suscrito por Estados Unidos y el primero en este siglo.
Obama tiene previsto firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (CDPD) la próxima semana cuando visite la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales aplaudieron el compromiso de Obama con los derechos humanos.
"Es un gran día para los derechos de las personas con discapacidades y un avance para el movimiento de derechos humanos de Estados Unidos", señaló el director de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), Jamil Dakwar.
"Con la firma de la CDPD, Obama colocará de vuelta a Estados Unidos en el camino de la promoción y la defensa de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional", remarcó. "Este es un país muy importante como para quedar al margen de un asunto tan vital".
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, también aplaudió la decisión de Obama y consideró que el convenio internacional contribuye a la plena inserción social de las personas con discapacidades.
"Es un gran triunfo para las personas implicadas y para los activistas que trabajaron duro para lograrlo", señaló Joe Amon, director del programa de derechos humanos y salud de HRW.
La CDPD fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y abierta a la firma de los estados miembros el 30 de marzo del año siguiente. Fue suscrita enseguida por 82 países. En la actualidad, 140 naciones la firmaron y 61 la ratificaron.
Los signatarios del tratado deben prohibir toda forma de discriminación contra las personas con discapacidades y "promover la accesibilidad y el trabajo" para garantizar su pleno goce "de los derechos sociales, económicos y culturales", según la ACLU.
La CDPD tiene ocho disposiciones centrales que incluyen la prevención de la discriminación, la accesibilidad, el derecho a la educación, a la salud, a la participación y al voto.
Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha suscrito el convenio y el único de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Al ser consultados sobre su decisión de no firmar el tratado en 2006, funcionarios del gobierno de George W. Bush (2001-2009) respondieron que la ADA "es la ley que mejor protege los derechos de los discapacitados en el mundo".
"Creemos que la forma más constructiva de proceder es que cada país persiga este objetivo mediante medidas concretas locales", añadieron. Aun así participaron en las negociaciones.
"Durante casi una década, Estados Unidos quedó afuera de los nuevos tratados que se negociaban y de los existentes que ganaban apoyo internacional", indicó Amon, de HRW. "Con la firma de la CDPD, este país comienza a reafirmar su liderazgo internacional en materia de derechos humanos".
Con ésta decisión, Obama cumple una promesa electoral.
"La firma de la CDPD favorecerá un enfoque más enérgico e integral en Estados Unidos que permitirá hacer frente a las miles de injusticias que sufren las personas con discapacidades", subrayó James Felakos, de ACLU.
Burkina Faso y Haití se convirtieron el jueves en los últimos países en firmar la CDPD.
El tratado protege los derechos de unas 650 millones de personas con discapacidades, que constituyen 10 por ciento de la población mundial y la minoría más grande del planeta.
La cifra aumenta permanentemente con el crecimiento de la población mundial y su envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que vuelve más significativa la firma de Estados Unidos.
El Protocolo Facultativo de la Convención fue suscrito por 83 países. Éste abre la posibilidad de denunciar ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, de 18 miembros, violaciones a la CDPD después de haber agotado todos los recursos nacionales.
El tratado contribuyó a cambiar la percepción sobre las personas con discapacidades, señaló Jorge Ballestero, vicepresidente del comité especial que redactó durante cuatro años la Convención antes de que fuera adoptada por la Asamblea General, el 13 de diciembre de 2006.
"Antes de la Convención, la discapacidades solía ser considerada una enfermedad, pero ahora nos damos cuenta de que es una interacción entre cierta condición y la sociedad", explicó. "Ésta debe ayudar a eliminar la discapacidades mediante la accesibilidad, la no discriminación, la protección y el respeto de los mismos derechos para todos".
La comunidad internacional ansiaba que Estados Unidos suscribiera los tratados de derechos humanos para que su papel en la materia fuera más importante en el concierto mundial.
"Nada pudo ser más significativo para la celebración por la ADA, una de las leyes más importantes en materia de derechos civiles, que el anuncio del presidente Obama", subrayó Deborah J. Vagins, de ACLU.
"Todas las personas, en Estados Unidos y en el mundo, merecen igualdad de oportunidades, independencia económica y una plena participación en la sociedad", remarcó.
Acotar fuero militar, opción para terminar agravio a mujeres
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 20 julio 09 (CIMAC).- El pasado 17 de julio se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Internacional, celebrado con motivo de la adopción del Estatuto de Roma, que sentó las bases para crear la Corte Penal Internacional, una salida de emergencia contra la impunidad en los gobiernos.
En México, la justicia internacional también se ha convertido en una alternativa para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ha conocido y retomado casos jurídicos de violaciones a derechos humanos, incluidas violaciones sexuales a mujeres, cometidas por militares.
El tema del fuero militar se discute desde 1999, cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) documentó los primeros casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, dijo a Cimacnoticias, Santiago Aguirre, abogado del Prodh.
Sin embargo, sostuvo: Nunca como en los últimos tres años habíamos presenciado este uso del Ejército para tareas de seguridad pública, lo que ha traído aparejado un incremento en violaciones a derechos humanos.
En su opinión, si bien desde hace poco más de una década las ONG han insistido en que estas violaciones deben ser investigadas por la justicia civil, el tema se posicionó en los medios cuando el pasado 8 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió discutirlo en el pleno, a raíz de un amparo promovido por Reynalda López, viuda de un civil muerto a manos de militares en 2008.
En el amparo, los familiares de la víctima piden a la Corte pronunciarse sobre la indebida extensión del fuero militar y la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar (CJM).
Otro caso que colocó el tema en una posición estratégica es el de Rosendo Radilla, campesino detenido y desaparecido durante la llamada guerra sucia, ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizó una audiencia pública el pasado 7 de julio.
Se trata del primer caso por desaparición forzada que llega a la Corte, donde el gobierno fue seriamente cuestionado sobre los alcances del fuero militar y porque son militares quienes investigan las violaciones a derechos humanos cometidas por ellos mismos. Se le solicitaron, además, informes sobre el impacto del uso del Ejército en tareas de seguridad pública.
INICIATIVAS EN LA INCERTIDUMBRE
Las propuestas para reformar la Constitución en materia del fuero militar y el CJM tampoco son nuevas. Desde 1990 la mirada internacional centró su atención en el tema al hacerse públicos los primeros casos de violaciones sexuales cometidas por militares contra mujeres, principalmente indígenas.
En 1997, el relator especial de la ONU para el tema pidió al gobierno mexicano que este tipo de violaciones fueran investigadas y juzgadas por el fuero civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) también realizaron observaciones y recomendaciones.
Este último organismo, con estatus consultivo en la OEA, ha tratado de impulsar desde los últimos dos años reformas al artículo 57 del CJM, para lo cual se ha reunido con legisladores, sin que a la fecha se haya concretado una iniciativa formal de reforma.
Desde 2007 se presentaron en el Congreso de la Unión tres iniciativas de reforma al artículo 13 constitucional y al 57 del CJM surgidas por los casos de violación sexual a mujeres en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz, y Nocupétaro, Michoacán, pero están en la congeladora.
En marzo de 2007 el senador René Arce presentó su propuesta de reforma y adición al artículo 13 constitucional y la derogación del fuero militar a través de la modificación del artículo 57 del CJM, misma que está en las Comisiones de la Defensa Nacional, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.
Marina Arvizu Rivas, diputada del Partido Alternativa Socialdemócrata, presentó otra para reformar el fondo de compensaciones para que el gobierno reconozca y responda por el impacto de los delitos cometidos por militares, y reformas al CJM. La iniciativa quedó en la Comisión de la Defensa Nacional.
La diputada del PRD Valentina Batres Guadarrama presentó en julio de 2007 una iniciativa de reforma al artículo13 constitucional y 37 del CJM en el mismo sentido que la de Arce, pero quedó pendiente en la Comisión de Puntos Constitucionales.
SE LAVA LAS MANOS
Pese a las observaciones internacionales sobre el tema del fuero militar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nunca se pronunció en ninguna de sus recomendaciones para que estos casos se turnaran a la justicia civil. Al contrario, insistió en que la Procuraduría de Justicia Militar era la indicada para conocerlos.
Esa opinión mantuvo hasta el pasado 14 de julio cuando, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, argumentó la necesidad de replantear la estrategia de uso del Ejército en tareas de seguridad pública y de legislar sobre el fuero militar.
Ante los diputados y senadores, dijo: Quien tiene que resolver el problema son ustedes los legisladores, no yo y agregó: En el momento en el cual ustedes decidan que las faltas que cometan los militares, etcétera, etcétera (sic) sean conocidas por la autoridad civil, en ese momento nuestras recomendaciones irán a darle vida a las procuradurías civiles y no a las militares.
Pero esta legislatura está por concluir y las iniciativas quedaron pendientes en las comisiones mencionadas, ante el desinterés de los legisladores sobre el tema.
Mientras esto se define en el Congreso, donde el futuro de las iniciativas dependerá de la correlación de fuerzas políticas, queda la discusión que la SCJN dará sobre el tema, para lo cual tendrá que considerar el caso Castaños como un precedente.
La portavoz de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, Tina Alarcón, alertó hoy de que en los últimos ocho años se ha producido aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad, fruto de la "pérdida de valores y del respeto hacia la mujer" en la sociedad española que, a su juicio, "cada vez es más violenta".
En declaraciones a Europa Press, Alarcón advirtió de que el perfil del delincuente sexual ha cambiado. Si bien hace diez años respondía a un adulto de entre 30 y 50 años, ahora, según la portavoz, es "mucho más joven". "Crecen rodeados de violencia y en ambientes en los que a la mujer la despojan de la categoría de ser humano", explicó.
Asimismo, manifestó su desconfianza ante una posible reforma de la Ley Penal del Menor, planteada por varios colectivos tras conocerse dos casos de agresiones sexuales a menores cometidas ambas por menores de edad, al asegurar que ésta "no solucionaría nada". "Hay que educar y hay prevenir la violencia de género desde las instituciones porque esto, lamentablemente, no se está haciendo como se debiera", lamentó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Asistencia para Víctimas de Abusos Sexuales, Conchi Minayo, aseguró que es partidaria de crear una comisión de expertos para determinar una rebaja de la edad penal --actualmente establecida en los catorce años-- para los delitos de "extrema gravedad", como los cometidos en Huelva y Córdoba.
Explicó, además, que con la normativa penal actual las víctimas quedan "muy desprotegidas" y señaló que necesitan desde el primer momento asistencia psicológica y jurídica, y solicitó "intensificar" la educación no formal en el respeto y la prevención en los centros escolares.
LLAMADO URGENTE DE FEMINISTAS EN RESISTENCIA A MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL
COMPAÑERAS:
Estamos haciendo un llamado a la acción a las compañeras feministas de América Latina, el Caribe y de otras latitudes para que se pronuncien en contra del golpe de estado ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio.
LA ACCION SOLICITADA ES UN PLANTON FRENTE A LAS EMBAJADAS DE ESTADOS UNIDOS EN SUS PAISES, EL PROXIMO MIERCOLES 22 DE JULIO A LAS 10 DE LA MAñANA (HORA DE CADA PAIS), PARA DEMANDAR LO SIGUIENTE:
- La condena al golpe político - militar contra el Estado de Honduras, el cual contó con el apoyo financiero de los empresarios hondureños y de la ultraderecha latinoamericana y norteamericana, la promoción de las corporaciones mediáticas nacionales, la protección del Ombusdman de Honduras y la bendición de las cúpulas de las iglesias católicas y evangélicas del país
- El apoyo irrestricto al regreso del orden institucional en Honduras, el cual pasa por el regreso del Presidente Manuel Zelaya Rosales a Honduras
- El cese a la represión que vivimos las organizaciones que nos manifestamos en contra del golpe, por parte de los cuerpos policiales y militares, que han estado siendo asesorados por los militares retirados responsables de los desaparecidos de la década de los 80´s en Honduras
- El cese de amenazas de guerra, promovidas por el régimen defacto, que está sembrando un clima de terror entre la población hondureña
- La suspensión de cualquier ayuda técnica o financiera, bilateral o multilateral, para este régimen defacto
- La condena a la señora María Martha Díaz Velásquez, nombrada como ministra del Instituto Nacional de la Mujer por este régimen defacto, así como a la señora María Antonieta Bustamante, representante de la Comisión Interamericana de Mujeres por Honduras, quienes recibieron a las Feministas en Resistencia con policías antimotines cuando fuimos a demandarle que desalojara las instalaciones del INAM, NUESTRO INSTITUTO
Además informar que en el mes de agosto se realizará en Honduras un Observatorio de Transgresión Feminista, denominado JORNADA DE DERECHOS HUMANOS, en el cual vendrán observadoras/ es reconocidas/ os de la región para conocer y hacer una relatoría de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, especialmente la violación a los derechos humanos de las mujeres
Sugerimos - y tomamos prestado - el eslogan utilizado por compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres, en solidaridad con nosotras: NOSOTRAS SOMOS TODAS HONDURAS, ESTAMOS EN RESISTENCIA. También las invitamos que usen nuestro slogan: NI GOLPES DE ESTADO, NI GOLPES CONTRA LAS MUJERES, así como el eslogan de los/as Artistas en Resistencia: NADA A GOLPES
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en un comunicado fijan posición en torno al anteproyecto de Ley para la Equidad e Igualdad de Género que actualmente se discute en la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional (AN).
Los clérigos afirman que el texto legal atenta gravemente contra las instituciones del matrimonio y la familia ( ) al legitimar uniones del mismo sexo, otorgándoles los mismos efectos jurídicos y patrimoniales que a los del matrimonio.
Igualmente desconoce la protección constitucional al derecho a la inviolabilidad de la vida humana, sea por medios anticonceptivos o por el aborto, reza. Invitan a una actitud vigilante de este nuevo proyecto de ley. El futuro de nuestra sociedad depende del respeto y protección que se garantice al matrimonio y la familia, concluye el Episcopado.
Diálogo. La diputada Marelis Pérez, presidenta de la Comisión presidenta de la Comisión de Familia de la AN expresó que en el anteproyecto de ley no hay ningún articulado sobre el aborto ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En la AN estamos en el deber de recibir todas las propuestas que se elaboren en la consulta y que surjan de los movimientos sociales, instituciones y comunidades.
El movimiento organizado de mujeres del país nos ha planteado la necesidad de que el debate de la interrupción voluntaria del embarazo se incluya en el nuevo Código Penal, donde está penalizada esta práctica.
