Test antipedófilos a curas y pastores en Bolivia

Por Daniel Ramos Mayta (*)

Bolivia.

Acostumbrado a dormir cada noche con un menor distinto, el sacerdote José
Mamani Ochoa, de 48 años, hizo durantes años de la parroquia San Benito, en
Cochabamba, a 400 km al este de La Paz, donde los agentes encontraron
colchonetas regadas por todas partes, su paraíso sexual personal.

Tres niños, de 7, 8 y 10 años, a los que el sacerdote de tendencias sexuales
obtusas, cercenó de un tajo la inocencia, dijeron que “el padre José me
violó…”.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia aprobó la denuncia
de un joven que destapó las agresiones denunciadas tras vivir en carne
propia el acecho sexual.

Mamani Ochoa fue puesto tras de rejas hace tres semanas, después de
comprobados sus abusos con los menores que la sociedad y su ministerio le
confiaron proteger.



La historia de esos tres niños, el adolescente y el cura ha remecido las
estructuras de una sociedad pacata, pero cada vez más acostumbrada a
escuchar en voz alta las desviaciones de los “pastores”.

Amén de asegurar la estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes
bolivianos, abandonados o no, contra el rebrote de abusos sexuales en
Bolivia, la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados aprobó la
realización de tests psicológicos a autoridades eclesiásticas, curas,
párrocos, sacerdotes, pastores y personal encargado de orfanatos y albergues
infantiles, para la detección precoz de potenciales pedófilos.



La pedofilia es el acceso carnal con niños y aunque la palabra misma vomita
rechazo, brutalidad, mal naturalidad y decenas de adjetivos de impotencia,
guarda relación con un abuelo suyo, la pederastia, una institución en los
ejércitos espartanos antes de Cristo, cuatro o cinco siglos, cuando los
hombres enseñaban a la lucha a otros hombres más chicos, a título de la
formación en la carrera de las armas.

“El padre entró violentamente y me dijo que él tenía que bañarme, porque
tenía un jaboncillo especial, pero lo peor vino en la noche. El se desnudo,
se metió en mi cama y me agarró de la cintura…”, contó el adolescente a la
Policía.

Según el jefe de la división Trata y Tráfico de la Felcc, Boris Bellido, el
sacerdote iba a las comunidades, donde reclutaba a los niños de familias
pobres o disgregadas. El pederasta además recibía a los niños abandonados o
en conflicto que le enviaban la Defensoría y las juntas escolares de los
alrededores de San Benito. Al menos unos 17 niños pasaron el suplicio de
sus desvíos.



La televisión pasó el caso como uno más, pero el coro de voces le pegó con
palo aquel que desde otro tipo de púlpito, más bien desde un curul, quiso
que una ley permita arrancarles los cojones a los pedófilos.

En medio de este embrollo, entra en escena un test psicológico a personal de
instituciones religiosas, de organizaciones no gubernamentales, de orfanatos
y albergues públicos, para detectar precozmente a violadores de niños, niñas
y adolescente, esto a raíz de la gran cantidad de casos que infligen a una
sociedad cada vez más indiferente al mal que aqueja al vecino, proferido por
todo tipo de sacerdotes y pastores, “ya que gran parte de las violaciones se
han dado en estos centros públicos”, dijo el presidente de esa comisión
legislativa, Guillermo Mendoza.

Mendoza, un periodista devenido humanista y luego político, ha resuelto
tomar el toro por las astas y ha propuesto echarle un químico a los escrotos
de todo aquellos que sean encontrados culpables de violación. Así, sin
vueltas.

El parlamentario aclaró que esta iniciativa no tiene el ánimo de dañar la
honorabilidad de las personas, sino que el Estado, el Ministerio Público y
el sistema judicial boliviano tienen la obligación de dar protección y
seguridad a la población para que puedan interactuar socialmente en
confianza con estas instituciones y sus encargados.

Explicó que, lamentablemente, tras las puertas de muchas iglesias y
albergues que “acogen” a miles de niños y adolescentes cotidianamente, se
esconden hechos tan obscuros como destructivos que acaban de golpe y para
siempre con la inocencia, confianza y alegría infantil, dejando en su lugar
una secuela devastadora en el cuerpo, la psiquis y el alma de las víctimas y
minando frecuentemente su misma voluntad de vivir.

“Por lo tanto, creemos que más allá de generar susceptibilidad tanto en la
Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica y en las ONG’s se debe apoyar
este test que va ser anual, con la finalidad de establecer la salud
emocional, la tendencia sexual de los encargados de estar en
relacionamiento con adolescentes, niños y niñas”, remarcó.

Sus declaraciones están cruzadas por el recuerdo del cura que desgració la
vida de 17 menores en la cochabambina San Benito, caso que saltó a la luz
pública boliviana un mes atrás.


Muchas de sus víctimas fueron vejadas sexualmente durante años.

Crímenes de este tipo circulan por debajo la superficie de una sociedad como
la boliviana que cuando no los negó, los encubrió. En otras palabras los
perpetuó.

Mendoza informó que, según sus investigaciones, la violencia sexual, después
de la violencia intrafamiliar, se ha tornado en el segundo problema que más
afecta a los niños y adolescentes en Bolivia, ya que más del 90% de los
casos denunciados son agresiones a niñas, niños y adolescentes.



Directo al grano, Mendoza urgió coordinar con autoridades del Ejecutivo un
programa la realización de estas pruebas psicológicas en todo el territorio
nacional.

“Un granito de arena no está demás”, afirmó con voz de imposición, al tiempo
de advertir que las víctimas necesitan más atención para poder romper el
silencio, “pero ante una sociedad dispuesta a brindarles credibilidad,
feligreses decididos a combatir el mal en sus propias filas, un sistema
judicial comprometido con la justicia, medios de comunicación respetuosos de
esta tragedia y al menos algunos obispos y sacerdotes con la valentía
suficiente para enfrentar los riesgos y actuar firmemente en defensa de la
niñez”.

“Tal como suponemos hubiese hecho el propio Cristo”, remata sin
concesiones, al tiempo de asir tal vez el único arma con que podrá combatir
este mal que avanza, cual cáncer, silente, lento pero constante.



La Constitución Política del Estado, en su Artículo 15, dispone que “toda
persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y
sexual”.

En ese contexto, la comisión parlamentaria que encabeza tiene entre ceja y
ceja un propósito: evitar que un niño o una niña o un adolescente más muera
emocionalmente, luego de ser abusado por violadores que se esconden detrás
de una imagen de "cariño y consuelo".

También, descubrir a los violadores que desenmascarados y llevados ante la
justicia alegan "debilidades", "errores", "casos que ocurren" o "problemas
aislados".

Como advirtió Jesús y no sólo a los más de 20 mil sacerdotes pedófilos en el
mundo detectados por el Vaticano, sino “a cualquiera que se atreva a dañar
la inocencia de un niño, más le vale que le pongan al cuello una piedra de
molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños”,
sentenció monseñor Tito Solari.+ (PE/ABI/ Mercosur Noticias)

(*) La nota fue dada a conocer por "ABI" (Agencia Boliviana de Información)
y editada por Mercosur Noticias.

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